En un nuevo caso plagado de irregularidades, las autoridades del estado de Yucatán no reportaron que un menor de edad que estaba bajo su custodia se había escapado del albergue en el que se encontraba, informando a la familia hasta un mes después.
Se trata de Óscar Gabriel González Fernández, un joven de apenas 15 años de edad, quien fue separado de su familia tras acudir a dicha entidad a conocer a una chica con la que estableció contacto a través de las redes sociales. La madre de esta última mostró una sospechosa insistencia en que se le permitiera mudarse a Mérida.
Margarita, la madre del joven desaparecido, señala que ella lo acompañó a la capital yucateca. Ahí, denuncia que la familia de la adolescente comenzó a manipularlo para ponerlo en su contra, al punto de afirmar que ellos eran su ‘nueva familia’ y que deseaba quedarse a vivir con ellos.
La situación escaló cuando la mujer presentó una denuncia falsa ante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay, antes conocida como Prodemefa) por lo que su hijo fue trasladado a uno de los refugios de dicha dependencia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Yucatán, sin investigar a fondo las acusaciones.
Las anomalías en el caso no se detienen ahí, ya que originalmente les informaron que Óscar había sido trasladado al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE); sin embargo, en realidad se encontraba en otro albergue llamado Casa Moises, de donde se escapó el pasado 12 de junio.
Sin embargo, la familia no tuvo conocimiento de ninguno de estos acontecimientos hasta prácticamente un mes después, cuando contactaron a la abogada Dariana Quintal -quien lleva decenas de casos similares- para que les apoyara con los trámites necesarios para recuperar la custodia de Óscar.
Tras enterarse del cambio de refugio, la tía del menor solicitó una cita ante el Prodennay para resolver la situación del menor. Ahí, una funcionaria de nombre Eira Torres, quien fungía en aquel momento como tutora legal de Óscar, finalmente les informó que ya había transcurrido un mes desde la desaparición de este, sin que se hubiese emitido una Alerta Amber.
Las autoridades alegaron que habían publicado una ‘pre-alerta’ que únicamente se limitaba a informar a otras dependencias gubernamentales, pero no al público. Sobre el por qué no dieron parte a los familiares sobre el incidente, aseguraron que no estaban obligados, pues el estado de Yucatán es el responsable del menor.
Yucatán: el ‘infierno’ de las separaciones
Durante los últimos años, CAIMEDE, Prodemefa y el DIF de Yucatán han sido señalados en numerosas ocasiones por provocar separaciones forzadas con denuncias falsas o no investigadas, abuso sexual e incluso tráfico de menores. Muchos de estos casos han sido llevados por la propia Quintal.
En algunos de estos casos, las autoridades yucatecas han procedido incluso cuando existen fallos judiciales que favorecen a los tutores, pues la parte que perdió la custodia interpone una denuncia sin que esta sea investigada de manera adecuada, arrebatando ilegalmente a los menores de sus familias.
Un caso particularmente desconcertante, fue el de una mujer a quien se le despojó de la custodia de sus tres hijos luego de que el hombre que abusó sexualmente de su hija de catorce años la denunció por ‘homicidio’, inventando que había obligado a la menor a abortar; mientras que otro de los infantes padecía de leucemia.
También se han dado denuncias de tráfico de menores al interior de CAIMEDE, siendo beneficiados en algunos casos políticos como la exdiputada panista Cynthia Valladares Couoh; quien consiguió hacerse con la tutela de dos niños antes de que sus padres pudieran cumplir con los trámites para recuperar la potestad sobre ellos.
De igual forma se han reportado casos de violencia sexual en contra de menores al interior de dicho refugio, como el ocurrido en marzo de 2019, el cual fue enterrado por el Poder Judicial de la entidad, el cual exoneró a los tres empleados señalados aprovechando el inicio de la contingencia sanitaria de COVID-19 para evitar que se hiciera público el fallo.
Quintal ha apuntado que funcionarios de todos los niveles del gobierno han participado en estos esquemas de irregularidades, tanto en la administración de Rolando Zapata como en la de Mauricio Vila, llegando no solo a Prodemefa, sino incluso al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
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