Las denuncias

Autoridades de Yucatán dan “carpetazo” a caso de abusos en refugios para menores desamparados

Durante los últimos meses, se ha hecho eco de que el estado de Yucatán, gobernado por Mauricio Vila Dosal (PAN), es el estado más seguro del país. Sin embargo, detrás de esta declaración existe una gran trama que incluye represión policiaca y violaciones a los derechos humanos.

Hace un mes, la periodista Meme Yamel (La Neta Noticias, Sin Censura), expuso una red de corrupción existente en los centros de atención para menores desamparados en dicha entidad, en la que menores de edad de áreas poco desarrolladas son sustraídos ilegalmente de sus hogares para ser entregados al mejor postor.

El caso se hizo público en marzo de 2019, cuando una niñera y dos custodios del Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede) fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de menores y violación. Sin embargo, las autoridades judiciales decidieron dar carpetazo al asunto este viernes, absolviendo a los tres de la segunda acusación y exonerando definitivamente a uno de los señalados.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal decretaron la cancelación de todas las audiencias y juicios durante la contingencia por el coronavirus, las autoridades yucatecas se saltaron dicha norma y aprovecharon para dejar sin castigo a los acusados, a pesar de reconocer que fueron culpables de abusos contra los menores del refugio.

Esta situación ha sido denunciada por una agrupación de activistas y padres de familia que han sido víctimas de esta red de secuestro institucionalizado de menores de edad, al amparo de las leyes y de las autoridades del estado de Yucatán, quienes contactaron a la periodista en la víspera del juicio para dar a conocer su experiencia.

Los denunciantes señalan que la Procuraduría de Defensa del Menor (Prodemefa) está coludida con los abogados que son asignados para llevar los casos, quienes trasladan las denuncias a la Fiscalía estatal. La red se extiende hasta los magistrados, quienes permiten que estos casos continúen a pesar de que los padres acusados se han reunidos con ellos.

https://www.facebook.com/MemeYamelCA/videos/2655165411477497/?v=2655165411477497

La entrevistada señala que estos últimos pasan por alto la evidencia –al igual que la instancia de procuración de justicia- y mantienen abiertos los expedientes durante años, por lo que puede pasar un largo tiempo antes de que los casos se consideren improcedentes y los menores se puedan reunir con sus familias.

Los afectados también denuncian que estas prácticas vienen desde el gobierno del priista Rolando Zapata (2012-2018), en el que la titular de Prodemefa, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido, hizo grandes negocios lucrando con la separación de los menores, extorsionando a las familias a cambio de liberar a sus hijos.

Además, las condiciones en las que los menores son retenidos, tanto en el Caimede como en los Centros de Convivencia Familiar (Cecofay), en donde sufren la separación y son víctimas de abuso por parte del personal de dichas instituciones provoca graves daños psicológicos, de los que esta red se aprovecha para enviarlos a centros psiquiátricos y complicar más los procesos.

Junto con Pacheco Garrido han sido señalados otros personajes como su sucesora de Prodemefa, Irene Noemí Torres Ortegón; la directora del Cecofay, Rocío Euán Medina y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán, Marcos Celis Quintal. A pesar de todo esto, el gobierno de Mauricio Vila no ha adoptado acciones para terminar con los abusos.

Con información de La Jornada Maya.

Imagen: La Vieja Guardia

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