Tras dos intentos de suicidio, el cabo del Ejército José de la Cruz Pérez López lanzó un desesperado llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Proceso, el castrense asegura estar al borde de la muerte y abandonado por las fuerzas armadas a las que sirvió con lealtad y patriotismo.
Originario de Calicanto, en el municipio de Jalapa, Tabasco, el 19 de agosto de 2004 se enlistó como soldado en el 17 Batallón de Infantería de Villahermosa, que en 2012 fue cambiado a Zamora, Michoacán.
A finales de 2013 solicitó su ingreso a la escuela militar de Puebla para el grado de sargento y aprobó los exámenes, incluidos los de servicio médico, que lo certificaban como apto para realizar el curso de seis meses.
En enero de 2014 iniciaron los estudios, pero dos meses después empezó a tener diarrea y vómitos. Lo atendieron en el hospital regional, pero no mejoró y lo trasladaron al Hospital Central Militar de la Ciudad de México.
Ahí le diagnostican insuficiencia renal crónica, lo dializaron, y días después Justicia Militar tramitó su baja del Ejército. Le quitó el servicio médico a él y a su familia, además de salarios, y como pago de retiro sólo le dio 130 mil pesos.
El cabo se inconformó y rechazó la baja, dado que la hemodiálisis se la realizan tres veces por semana; y en un hospital privado el costo es de más de cinco mil pesos mensuales.
Lo regresaron al 17 Batallón, en donde su estado de salud agravó y lo internaron de nuevo en la Ciudad de México. Ahí permaneció seis meses y suplicó que lo trasladaran a Tabasco para morir en su tierra. Antes de ser trasladado al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas fue objeto de abusos y malos tratos por parte de sus superiores.
Posteriormente fue transferido a Villahermosa, donde continuaron los malos tratos, y el 16 de mayo de 2017 le ratificaron la baja de las Fuerzas Armadas, así como la liquidación de 130 mil pesos, de los cuales Banjército ya se había cobrado 60 mil por dos préstamos que hizo para atender su propia enfermedad.
Rechazó otra vez la liquidación y un abogado promovió y obtuvo un amparo a su favor, con lo que logró ser reinstalado y obtener de nuevo el servicio médico de la Sedena, así como su salario de alrededor de 11 mil 500 pesos mensuales.
El Ejército se inconformó y en diciembre de 2017 la juez Decimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que el juicio de amparo del cabo Pérez López era insuficiente para continuar en las fuerzas armadas, por lo que el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, firmó su baja del Ejército. Días después se le retiraron los servicios médicos y salarios.
Desde entonces, la vida de Pérez López ha sido un infierno. No tiene servicio médico ni dinero y se niega a cobrar la liquidación que se le ofrece. Su madre, que también recibía atención médica de la Sedena, padece una grave enfermedad cardiovascular y su padre es diabético. No tiene hijos, pero su esposa desde hace meses tiene dolores en un seno.
Pérez López ha puesto dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciando que su caso es una flagrante violación al “derecho a la vida”, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. También envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, que canalizaron a la Sedena, y esta dependencia respondió que el asunto era un caso juzgado.
“El general Cienfuegos -acusa- se la pasa hablando de lealtad, patriotismo, de la familia y respeto de los derechos humanos, pero mi caso es la prueba de cómo la tropa es abandonada hasta la muerte porque los altos jefes de la Justicia Militar deciden que ya no servimos al Ejército”.
Pérez recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana en el hospital Juan Graham Casasús del gobierno del estado, en donde, sin embargo, tiene que comprar insumos que representan más de dos mil pesos mensuales. Cada sesión dura alrededor de cuatro horas.
Pérez López asegura que, por antigüedad de 14 años, enfermedad clasificada de primera categoría y riesgo de infarto, tiene derecho a retiro por jubilación, lo que le permitiría contar con el servicio médico y pensión.
Fuente: Proceso / POR ARMANDO GUZMÁN
