Pese a las múltiples denuncias en los últimos años, las autoridades del estado de Yucatán continúan utilizando a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) como instrumento para separar a menores de edad de sus familiares. En esta ocasión, el agravio ocurrió en el municipio de Acanceh.
El pasado 1 de marzo, Silvia Pech Campos, habitante de dicho municipio, trasladó a su hija Sofía -de tan solo un año de edad- a las instalaciones del IMSS Bienestar, en donde ambas fueron diagnosticadas con cuadros de desnutrición, por lo que le sugirieron internarse junto con la pequeña.
Sin embargo, rechazó esta idea debido a que su esposo estaba trabajando y no había nadie que se quedara con ellas, por lo que volvió a su casa. A la mañana siguiente, un operativo de policías municipales, personal del DIF estatal y presuntos médicos -que nunca se identificaron- allanaron su domicilio para obligarla a darse de alta, bajo la amenaza de ser arrestada.
Tras acceder, Silvia y Sofía fueron trasladadas al Hospital de la Amistad Corea-México, en Mérida, a 28 kilómetros de Acanceh. La madre recibió el alta médica quince días más tarde, sino embarg, el personal le dijo que la menor tendría que quedarse unos días más para una completa recuperación y la retuvo.
El 26 de marzo, el padre de Sofía, José Sánchez Ucan, preguntó por el estado de la pequeña, a lo que le respondieron que ya había sido trasladada a un hospital que no existe. Posteriormente, le aclararon que en realidad había sido llevada a Prodemefa, institución encargada de atender casos de violencia infantil.
Pese a que cuentan con todos los documentos que los avalan como los padres biológicos de la menor -acta de nacimiento, seguro social y cartilla de vacunación- las autoridades no han hecho caso a sus súplicas. También aseguran no haber recibido ningún reporte de alguna denuncia de violencia en su contra.
Sin embargo, esta no es una situación nueva. Durante años, activistas como la abogada Dariana Quintal han documentado decenas de casos, en los que las autoridades se valen de presuntas denuncias para separar a los menores de sus familias sin conducir investigaciones que corroboren algún presunto agravio.
En otros casos, los funcionarios han procedido a separar a los pequeños de sus tutores legales pese a que la justicia les concedió la patria potestad, entregándolos a familiares que habían sido señalados por violentarlos, hechos que en algunos casos incluso habían sido comprobados en tribunales.
Prodemefa y el Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caideme) también han recibido denuncias por violencia, abuso sexual y tráfico de menores en sus instalaciones, llegando incluso a entregar en ‘adopción’ a menores sustraidos ilegalmente de sus familias, como en el caso de la diputada panista Cynthia Valladares Couoh.
Con información de Enlazando con Edward.
Imagen: Radio Yucatán FM
