Por criticar el dispositivo de seguridad que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordena para resguardar a sus familiares en espacios públicos, un usuario de redes sociales fue detenido y recapturado luego de que se le fijó una fianza para recuperar su libertad.
El pasado 21 de agosto, Luis Alexander Rivas, titular de la cuenta de Twitter @_elcomisionado_ cuestionó que el mandatario afirme que son ‘la nación más segura’ mientras que su madre, dos de sus hermanos y la novia de uno de estos se pasearan por la playa acompañados de una escolta de seis guardias armados, intimidando a los bañistas.
Unas horas más tarde, la Fiscalía salvadoreña anunció su captura, acusado de un presunto delito de desacato -faltas contra el ‘honor’ de funcionarios- contra Bukele y la Administración Pública. En la nación centroamericana, este ilícito tiene una pena de hasta tres años de cárcel, pero puede aumentar a cuatro si se trata de un alto funcionario.
Tras pasar detenido dos semanas, este 5 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial del caso. Ahí, el juez determinó que Rivas podría continuar su proceso en libertad tras el pago de una fianza de alrededor de 10 mil dólares; sin embargo, una hora después de salir del juzgado, el imputado reingresó al centro judicial, en donde se le informó que había una segunda orden en su contra.
De acuerdo con las leyes de El Salvador, la existencia de un segundo mandato de captura anula la libertad condicional concedida previamente por un juez, por lo que el tuitero permanecerá en prisión. En esta ocasión, no se especificaron los motivos que llevaron a emitir la orden.
Fuentes locales señalan que Rivas enfrenta su proceso bajo las normas del régimen de excepción que el país vive desde el mes de marzo, cuando Bukele decidió iniciar una guerra en contra de las grandes pandillas que controlan el crimen organizado. Estas, entre otras cosas, permiten que la Fiscalía presente los cargos hasta dos semanas después de la captura.
También se ha hecho notar que, para conseguir la primera orden de aprehensión bajo este régimen, la dependencia buscó tuits viejos en contra del presidente y miembros de su partido para sostener la acusación de desacato, pese a que ninguna de las publicaciones está vinculada a casos contra pandillas.
Con información de El Faro.
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