Este viernes, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados inició el desahogo de pruebas en la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En esta primera sesión, testificaron Carlos Romero y Santiago Nieto, procurador fiscal y director de Inteligencia Financiera (UIF), respectivamente.
La reunión, transmitida en vivo a través de las redes sociales oficiales del Congreso, fue encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Pablo Gómez. Al inicio de la misma, el abogado defensor del mandatario, Alonso Aguilar Zinser, solicitó que la sesión no se celebrara de manera pública.
Los argumentos de la defensa para solicitar la suspensión del evento fue que la transmisión pública de la misma viola la presunción de inocencia de su cliente. Sin embargo, su moción fue rechazada debido a que todos los integrantes de la agrupación ya habían votado para determinar el carácter público de la reunión.
Posteriormente, Aguilar Zinser intentó desviar la presentación de Romero hacia la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), consciente de que el funcionario está impedido de declarar sobre procesos que le corresponden a otros organismos autónomos del gobierno.
Nieto Castillo, por su parte, evitó las objeciones iniciales del litigante al proyectar una presentación sobre las indagatorias que la UIF realiza en contra de Cabeza de Vaca. Después de ofrecer una breve introducción sobre la historia y las funciones de la dependencia a su cargo, habló de una serie de propiedades adquiridas por el gobernador y su entorno familiar.
Entre ellas destacó la adquisición de un condominio de lujo en la Ciudad de México, el cual fue adquirido por el político y su esposa en 2014 por 14 millones de pesos y, posteriormente, fue vendido a un empresario tamaulipeco que había recibido contratos por parte de su administración por 42 millones de pesos; es decir, el triple de su precio original.
Este último habría depositado el dinero a través de seis sociedades mercantiles que también cumplen con las características de ‘empresa fachada’ y habría estado vinculado a varias licitaciones para obras del gobierno estatal que no fueron entregadas, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
El titular de la UIF reveló que el dinero para liquidar el pago por el inmueble fue depositado al mandatario a través de dos empresas que están vinculadas con el Cártel de Sinaloa. También aclaró que esto no significa que el mandatario esté vinculado a dicha organización, sino que los antecedentes de esta hacen sospechar que dichos recursos podrían ser de procedencia ilícita.
De igual forma, Nieto también señaló que, contrario a lo que han sostenido Cabeza de Vaca y su entorno, las investigaciones no se tratan de una persecución política, ya que la información utilizada en estas procede de diversas fuentes, nacionales e internacionales, y una parte sustancial de esta fue recopilada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Una vez finalizada la participación del titular de la UIF, el licenciado Aguilar Zinser intentó poner varios peros a su exposición. En primer lugar, aseguró que toda la información recopilada por la dependencia no debería exponerse, debido a que no corresponde a la investigación integrada por la FGR.
Posteriormente, criticó una de las fuentes citadas por Nieto en su reporte, ya que considera que el encabezado de la misma –puesto por el medio y no por la UIF- ya conlleva un tono condenatorio hacia su cliente, a lo que el funcionario respondió que simplemente se trata de la integración de datos y que la determinación de culpabilidad está exclusivamente en manos de la Fiscalía.
Con información de la Cámara de Diputados.
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