Ante las acusaciones por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal que pesan en su contra, la defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, alega que todo el caso está construido alrededor de la adquisición de un departamento en la Ciudad de México.
Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario panista, asegura que los cargos que la Fiscalía General de la República pretende imputar a su cliente están relacionados con la compra de un departamento en el condominio Los Helechos, en Bosques de Santa Fe. La operación ocurrió en diciembre de 2013, cuando se desempeñaba como senador.
En aquel momento, Cabeza de Vaca y su esposa pagaron 14.3 millones de pesos por la lujosa propiedad; sin embargo, decidieron venderla en 2017, después de que se les negó la entrada al club de golf del fraccionamiento. La transacción se concretó con un contratista de su gobierno, el cual pagó tres veces más tras recibir dos contratos por 56 millones de pesos.
#Reportaje | El expediente de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas incluye la compra de un departamento de lujo con acceso a un club de golf en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la CDMX. | Por Juan Alberto Cedillohttps://t.co/Jy1PNNQZbA
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Sin embargo, esta no es la primera vez que el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) es vinculado a actividades sospechosas, ya que durante los últimos diecisiete años, diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos han manifestado sus sospechas de que el político está vinculado a grupos delincuenciales.
En 2004, cuando el señalado se preparaba para contender por la alcaldía de Reynosa, la Agencia de Control de Drogas (DEA) informó al Departamento del Tesoro estadounidense que habían llegado a la conclusión de que su campaña era financiada por el Cártel del Golfo, organización con la que mantendría vínculos.
Estados Unidos indaga ligas de García Cabeza de Vaca con el Cártel del Golfo desde 2004, apuntan documentos https://t.co/GTIOedyXMG pic.twitter.com/hdLGKftvWG
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En los años siguientes, la DEA elaboró varios documentos en los que implican a algunos de sus colaboradores con actividades criminales; mientras que, en 2007, el empresario sinomexicano Zhenli Ye Gon señaló a Cabeza de Vaca como uno de los donadores de la campaña de Felipe Calderón que habría utilizado dinero del narcotráfico.
El vínculo más cercano es un cable diplomático de 2015 enviado por el Consulado de Estados Unidos en Matamoros en el que se acusó al entonces candidato a la gubernatura de haber realizado varios viajes a paraísos fiscales y de haber sostenido un probable encuentro con Genaro García Luna y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, en 2012.
Además, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán ha presentado diversas denuncias ante la FGR, en la que acusa a Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito. Este lunes, en entrevista con Carmen Aristegui, el integrante de Morena señaló que entregará a la dependencia pruebas de que el mandatario tiene una serie de propiedades con valor de 3 mil 200 millones de pesos.
#AristeguiEnVivo | Alejandro Rojas Díaz Duran, senador suplente por Morena, habla de los elementos con los que cuenta en el caso García Cabeza de Vaca; también comenta sobre las acusaciones contra Salgado Macedonio https://t.co/ZyPC52BpjQ pic.twitter.com/MqlZiaxsi6
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Rojas aseguró que el proceso que la Fiscalía busca iniciar contra el gobernador sería el inicio del desmantelamiento del andamiaje político, económico y jurídico que este ha construido durante su mandato, al cual calificó de ‘narcoestado’. También afirmó que recientemente sufrió una amenaza mientras viajaba hacia Querétaro y responsabilizó al panista por el incidente.
A todos estos señalamientos hay que agregar que Francisco García Cabeza de Vaca también se encuentra involucrado en el esquema de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su nombre aparece como uno de los de los senadores del PAN que habrían condicionado su apoyo a la iniciativa a cambio de sobornos, de acuerdo con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La reforma terminó aprobándose en 2013, unos meses antes de que adquiriera el departamento que –presuntamente- es la causa de la investigación.
Con información de Aristegui Noticias.
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