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Empresa petrolera acusa a altos funcionarios de Pemex de recibir sobornos millonarios

El medio de comunicación ‘Expansión’ publico un artículo en el que asegura que la empresa mexicana Oro Negro es perseguida fiscalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras negarse a participar en actos de corrupción.

En un desplegado difundido este lunes por la compañía de servicios petroleros se explica que “el 19 de junio de 2018, los accionistas de Oro Negro demandaron al Estado Mexicano de conformidad con el TLCAN, por trato discriminatorio, derivado de que Oro Negro se rehusó a participar en actos de corrupción”.

La compañía argumentó que sus inversionistas estadounidenses cuentan con pruebas de altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex en los que admiten que atacaron a Oro Negro porque la empresa se negó a pagar sobornos.

“Las grabaciones revelan que altos funcionarios de Pemex y del gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”, detalló Oro Negro, pero hasta el momento las grabaciones no han sido presentadas.

La firma, a través de subsidiarias en México, Estados Unidos y Singapur posee cinco plataformas autoelevables de perforación petrolera. Para comprarlas, emitió bonos por aproximadamente 900 millones de dólares. Entre el 2013 y el 2015, Pemex alquiló las cinco plataformas de Oro Negro con contratos de 3 a 6 años de duración.

El supuesto ataque consistió en que Pemex comenzó a reducir sus tarifas diarias en tres contratos y suspendiendo dos, cortando ingresos a la empresa en más de 50%. “Finalmente, en 2017, Pemex intentó cancelar todos los contratos de Oro Negro”.

La firma dijo que el gobierno mexicano utiliza sus agencias de investigación penal, en este caso la Procuraduría General de la República (PGR), a su discreción para “destruir” a quienes se nieguen a participar en la corrupción.

La acusación se desprende de las investigaciones penales hacia la compañía por supuesta malversación de fondos para el pago a tenedores de bonos.

Los accionistas de Oro Negro dijeron en el documento que utilizarán todos los recursos disponibles contra el gobierno mexicano a través de sus instituciones para recuperar los daños causados.

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