El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto a través del cual las obras de infraestructura que se construyen en su administración quedarán blindadas, pues se vuelven sujetas al interés público y la seguridad nacional, otorgándoles la más alta prioridad para la obtención de permisos.
Este martes, el mandatario publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicho acuerdo, el cual consiste en tres artículos y dos transitorios. En el primero, se establece que quedarán bajo esta denominación todos los proyectos en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, turismo, medio ambiente, salud, energía, puertos y aeropuertos que sean prioritarios para el desarrollo nacional.
En el segundo se instruye a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar todos los permisos, licencias o dictámenes provisionales necesarios para el desarrollo de dichas obras en un plazo máximo de cinco días; y en el tercero se establece que, tras un periodo de doce meses, se deberán dar las autorizaciones definitivas.
Finalmente, en los artículos transitorios se establece que esta disposición se hará efectiva a partir de su publicación en el DOF y que, en caso de que la entrada en vigor de esta genere gastos, estos se cubrirán con los recursos ya etiquetados en el presupuesto de este año, sin necesidad de utilizar fondos adicionales.
La emisión de este decreto ha provocado una ola de rechazo entre sectores de oposición, quienes, además de asegurar que se trata de un acto anticonstitucional, acusan que colocar la etiqueta de ‘seguridad nacional’ en los megaproyectos de la actual administración propiciará opacidad, pues la información pública sobre las obras podría ser reservada por este motivo.
Sin embargo, el propio López Obrador rechazó esta postura. Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el tabasqueño señaló que el objetivo es agilizar la construcción de estas sin que se vean retrasadas por trámites burocráticos; además, también busca protegerlas contra probables amparos por parte de organizaciones de oposición.
El @GobiernoMX publicó un acuerdo para agilizar las obras federales y sean consideradas de interés público y de seguridad nacional. Con ello se hará valer el interés colectivo sobre el interés privado. En las obras se respetarán las normas ambientales, legales y de transparencia.
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 23, 2021
Como ejemplo puso el caso del empresario Claudio X. González, quien, asesorado por el exministro José Ramón Cossío, ha interpuesto una serie de recursos legales para impedir el avance de obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya.
Con información del Diario Oficial de la Federación.
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