Luego de que un tribunal la condenó a seis años de prisión y una inhabilitación de por vida del servicio público, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, exhibió las irregularidades de los señalamientos en su contra y las relaciones políticas entre los funcionarios judiciales y la oposición.
A través de un video en redes sociales, la exmandataria compartió sus impresiones tras la sentencia del caso Vialidades, en el que los fiscales la acusaron de encabezar una presunta organización criminal para manipular licitaciones públicas en la provincia de San Juan, beneficiando a un personaje cercano a su familia.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran que el juez que reabrió el caso fue el mismo que en principio declaró incompetencia para tomar el procedimiento; así como el traslado ilegal de otros juzgadores fuera de sus jurisdicciones para participar en el proceso.
También señaló que la acusación principal en su contra -la de malversación del presupuesto público- no tiene razón de ser, ya que la asignación de los recursos de la República es facultad del Poder Legislativo y su sanción no corresponde al presidente, sino a los jefes de gabinete, a quienes solo presentaron como testigos en el caso.
Fernández denuncia a la ‘mafia judicial’
Además, destacó las redes de influyentismo al interior del Poder Judicial, pues el funcionario ante la que tiene que presentar su apelación es familiar de la esposa del presidente del tribunal que la juzgó. Para ilustrar los alcances de esta ‘mafia judicial’, tomó como ejemplo el reciente escándalo de un grupo de jueces que acudió -en un avión de una empresa privada- a la quinta de un millonario británico.
Entre ellos no solo estaba el hermano de uno de los fiscales del caso Vialidades, sino también el juez Julián Ercolini, recordado por exonerar a los propietarios de los tres periódicos más grandes del país por apropiarse de manera ilegal de Papel Prensa durante la época de la dictadura.
En 2010, el gobierno de Fernández presentó un informe que revelaba que los periódicos Clarín, La Nación y La Razón adquirieron la fábrica nacional de papel a un precio inferior y bajo tortura y amenzas de muerte contra los antiguos propietarios, la familia Graiver, en 1976; sin embargo, el juzgador desechó las pruebas y sobreseyó el expediente.
Ercolini y los otros magistrados viajaron en un avión privado propiedad del diario Clarín -principal portavoz de la dictadura militar- acompañados de funcionarios del gobierno de Buenos Aires, incluyendo a Marcelo D’Alessandro, titular de Seguridad del gobierno derechista de la capital.
Con información de La Nación.
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