Las denuncias

Empresario condenado por extorsión intentó ‘colarse’ a la mañanera

Un empresario originario de Quintana Roo que cuenta con múltiples sentencias y proceso penales por extorsión y amenazas, pretendió ingresar -sin éxito- a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, violando su medida cautelar.

A través de las redes sociales, el periodista Amir Ibrahim exhibió a Carlos Mimenza Novelo, personaje que hace unos días trascendió tras ofrecer una recompensa a cambio de grabaciones incriminatorias en contra de funcionarios del gobierno quintanarroense, en particular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ibrahim compartió una foto del señalado parado a las afueras de Palacio Nacional, disfrazado de reportero, recordando no solo los numerosos casos en su contra, sino notando que no portaba el brazalete electrónico que debe usar como parte de su acuerdo para continuar uno de sus procesos en prisión domiciliaria.

Posteriormente, trascendió que Mimenza -quien asegura ser ‘corresponsal’ de la prensa de Guatemala- y su acompañante, la reportera Karina Velasco Aguilera, no pudieron acceder a la conferencia matutina, ante lo cual reclamaron protección en redes sociales.

¿Quién es Carlos Mimenza?

Carlos Mimenza es un empresario nacido en Yucatán, pero afincado en Quintana Roo, quien saltó a la fama no solo por sus aspiraciones políticas, sino también por autoproclamarse como fundador de las ‘autodefensas’ de la entidad, que utilizó para intimidad a políticos rivales, funcionarios y periodistas.

También es conocido por manifestarse públicamente en favor de aliarse con el crimen organizado, llegando incluso a amenazar con ‘desatar una guerra’ en la entidad del sureste y presumiendo vínculos con integrantes de diversas organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, tal como consta en algunos de los videos adjuntados por Amir Ibrahim.

En 2020, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por un caso de extorsión, motivo por el que permaneció en prisión hasta octubre de 2022, cuando el juez cambió la medida cautelar por arresto domiciliario, ordenándole usar el dispositivo electrónico que ya no portaba hoy.

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