Contrario a lo que afirma el sindicato del Poder Judicial, los recortes a los fideicomisos que se plantean en la Cámara de Diputados únicamente afectarán a los funcionarios del más alto nivel, explicó el legislador Hamlet García Almaguer.
El diputado jalisciense sostuvo una entrevista con nuestra directora editorial, Meme Yamel, en la cual aseguró que el Poder Legislativo no detendrá el proyecto para eliminar la ‘caja chica’ con la que la Judicatura financia privilegios para ministros y magistrados, pese a las expresiones de rechazo como las vividas este lunes.
Subejercicio en fideicomisos alcanza para 72 años de pensiones
En primer lugar, Almaguer reveló la forma en la que el Poder Judicial ya acumula más de 21 mil millones de pesos en ahorros, pues no utiliza el dinero que recibe del Presupuesto de Egresos de la Federación y tampoco reintegra los recursos no ejercidos a la Tesorería, sino que los conserva en los fideicomisos.
Esta práctica ya acarreó observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la cual desde 2019 instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a comprobar que dichas cuentas se utilicen para el objetivo para el que se crearon en primer lugar.
El congresista añadió que los montos que actualmente acumulan los fideicomisos para las pensiones de ministros, magistrados y otros altos mandos cuentan con fondos suficientes para cubrir dichas obligaciones durante 72 años, extendiéndose hasta 100 en el caso de la SCJN, y aún así cada año solicitan dinero para estas partidas.
Bonos por riesgo
A continuación, García Almaguer mencionó que uno de los gastos que más llamó la atención entre los legisladores son los bonos por riesgo, pues solicitan más de mil 177 millones de pesos para cubrir este concepto adicional.
El morenista señaló que los diputados están conscientes de que hay juzgadores que sí requieren de dicha cobertura, especialmente los especializados en materia penal; sin embargo, este rubro únicamente cubre a jueces de distrito, magistrados y a los consejeros de la Judicatura.
Sin embargo, el resto de los funcionarios que participan en el proceso de la emisión de sentencias, que va desde los secretarios y coordinadores que evalúan los casos para jueces y magistrados hasta quienes salen a la calle a entregar notificaciones no tienen acceso a esta prestación.
Criterio de la Corte deja desprotegidos a trabajadores de base
Los bonos de riesgo no son el único aspecto que desmonta la narrativa de que la extinción de estos fideicomisos afectará a la base trabajadora, pues la propia Corte tiene antecedentes cuyo criterio evita que sus empleados resulten afectados por el recorte presupuestal planteado.
En 2017, un hombre solicitó un recurso de amparo debido a que la empresa que lo empleó cambió las condiciones sobre las prestaciones de seguridad social, otorgándole una cobertura menor a la que le prometieron antes de que firmara con ellos.
Sin embargo, la SCJN declaró como infundada la queja del trabajador, alegando que el contratante no violó sus derechos laborales, pues la legislación referente a las pensiones solo rige hacia el futuro y, al no estar contratado cuando recibió la oferta inicial, únicamente tenía una ‘expectativa de un derecho’.
De la misma forma, los trabajadores de base del Poder Judicial no pueden alegar que la actuación de los diputados los afecta, puesto que ellos no son beneficiarios de los fideicomisos que se eliminarán, pues solo cuentan con una ‘expectativa’ de alcanzar ese nivel un día.
