Este fin de semana rindieron protesta todos los diputados que formarán parte de la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, excepto uno: Jorge Alberto Romero Vázquez, del PAN, electo por el Distrito 9 de Guanajuato (Irapuato), pues enfrenta una denuncia por violación, por la cual ya fue vinculado a proceso.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, el que fuera director del Instituto de la Juventud Guanajuatense habría abusado sexualmente de ella tras un evento en el cual celebró su victoria en el proceso electoral del pasado 6 de junio. Romero habría ofrecido llevar a la mujer a su hogar tras el festejo.
Sin embargo, durante el trayecto el político panista habría cometido el delito, auxiliado por otro individuo encargado de vigilar, quien también fue incluido en la denuncia. De acuerdo con algunos medios de comunicación, ya existía otra denuncia en su contra, en la cual se describe una forma similar de operar.
Jorge Romero Vázquez, diputado federal electo del PAN, fue denunciado penalmente por violar a una joven, en hechos presuntamente ocurridos tras una fiesta en la que él y su equipo celebraron su triunfo en la elección pasada.https://t.co/3IyJ7Ec1Y8
— Proceso (@proceso) September 1, 2021
Después de que la denuncia se hizo pública y fue tomada por la Fiscalía General del Estado, el Comité Estatal de Acción Nacional sugirió que Romero Vázquez no se presentara en la Cámara de Diputados para rendir protesta como legislador, jurando para asumir el puesto el suplente de su fórmula, Salvador Tovar Vargas.
Este martes por la tarde se celebró la audiencia de vinculación, la cual se celebró en la sede del Poder Judicial en Irapuato. Tras leerse las imputaciones en contra del exfuncionario, el juez ordenó un breve receso. Tras esta pausa y luego de escuchar los argumentos a favor y en contra de este, el juzgador tomó la determinación de vincularlo a un proceso penal.
En el estado de Guanajuato, el delito de violación es considerado como grave y, por lo tanto, Romero no califica para mantener su libertad bajo fianza. Dependiendo de la calificación que se le dé a la falta –genérica o calificativa- la pena puede ir de ocho a quince años de cárcel o de diez a diecisiete.
El caso de Jorge Romero contrasta con el del perredista Rogelio Franco Castán, quien envió su protesta al cargo pese a encontrarse detenido bajo prisión preventiva, generando un debate sobre el estatus de sus derechos políticos, los cuales fueron garantizados por el Tribunal Electoral (TEPJF) bajo el argumento de que aún no hay sentencia.
Con información de El Sol de Irapuato y Notus.
Imagen: El Universal
