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A 4 años de Ayotzinapa y aún sin respuestas

El día de ayer, miércoles 26 de septiembre de 2018, se cumplieron cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, hecho por sí mismo lastimosamente alarmante, pero lo es más que durante todo ese tiempo los tres niveles e gobierno se hayan empecinado en intentar hacernos creer y tomar como válida la “verdad histórica” que desde entonces decidieron que sería la posición oficial, negando con esto mayores y más profundas investigaciones.

Esta teoría fue rápidamente desmentida por los expertos enviados por la ONU-DH, por los mismos hechos y por las pruebas a la vista de todos. La teoría del gobierno sobre lo sucedido no se sostiene ni lógica ni científicamente, y sin embargo se aferran a ella como clavo ardiente.

Han sido las madres y los padres de los normalistas desaparecidos quienes incansablemente han investigado, buscado y luchado por encontrar a sus hijos y que se les haga justicia, y lo hacen poniendo en riesgo todo, incluyendo sus vidas, pues las autoridades están muy conformes y complacientes con su “verdad histórica” que les permite no buscar a los culpables y así no arriesgar absolutamente nada, no sea que provoquen el enojo de algún poderoso político, alto militar o jefe de algún cártel.

Algunos de los perennes “odiadores”, insensibles y mal informados como los “odiadores” siempre son, lanzan con ligereza parvularia teorías descabelladas y sin sustento como “no eran estudiantes, eran narcos” o con aún mayor estulticia aquello de “fueron los Abarca”, como si un presidente municipal tuviera el poder para coordinar la indubitable y nunca negada participación de las policías estatal y federal, así como la activa y comprobada participación del ejercito. Y todavía le otorgan mayor poder a la presidencia municipal pues, según estos teóricos de escritorio, pudieron expulsar al GIEI y desarrollar la multicitada “verdad histórica” que se ha convertido en el mantra de las autoridades ansiosas por lavarse las manos de la sangre en que las tienen bañadas.

Pero entonces llega un Juez Federal de Tamaulipas y ordena la creación de una Comisión Investigadora para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y todo el avispero se agita. De inmediato el gobierno pone en marcha toda su capacidad (¿complicidad?) para intentar evitar la conformación de esta comisión. Una inusitada avalancha de más de 200 recursos de apelación lanzados por las más diversas áreas de múltiples Secretarías de Estado intentan detener este trascendental Fallo, pero fracasan en su estrategia y uno a uno sus recursos han sido desechados.

Y luego sucede algo que nunca esperaron: El triunfo de un proyecto diametralmente opuesto al imperante hasta ahora, respaldado por una aplastante mayoría de votos, con una legitimidad nunca antes vista, que le otorga a este nuevo proyecto la mayoría en los tres poderes, y con un líder dispuesto a investigar y llegar al fondo de este asunto. Como resultado, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el próximo sub secretario de Derechos Humanos de ésta misma Secretaría, Alejandro Encinas, se reunieron justo ayer, en el cuarto aniversario de este triste y lamentable evento, con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes expresaron no solo sus dudas, sino que presentaron sus propios hallazgos y mostraron su dolor y frustración por unas autoridades hasta ahora sordas, insensibles y omisas.

Pero el titular del próximo gobierno, así como quienes serán las autoridades encargadas del asunto se comprometieron a la creación de la Comisión Investigadora para la Verdad y la Justicia, con la convicción de llevar la indagatoria tope donde tope, a lo que los presentes respondieron con su apoyo y confianza de que así será.

Queda así pues escrito el inicio de un nuevo capítulo con este emblemático caso que define claramente como fue la administración de la justicia en el viejo régimen, y como será ahora en el nuevo gobierno, teniendo -al menos en mi caso- la certeza de que por fin se hará justicia en nuestro país.

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