El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue vinculado a proceso por crímenes cometidos durante su administración por tercera vez, según informó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) de dicha entidad. En esta ocasión, se le acusó de haber cometido malversación de bienes públicos por 18 predios.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, era obligación del mandatario el resguardo de 18 terrenos, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco, los cuales eran administrados por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
La defensa de Borge argumentaba que la venta ilegal y, por lo tanto, la responsabilidad sobre estos bienes recaía sobre Claudia Romanillos Villanueva, quien encabezaba el IPAE durante su administración. Sin embargo, el juez de control encargado del caso determinó la culpabilidad del gobernador.
Tras maratónica audiencia, vinculan a proceso a Roberto Borge por el delito de peculado https://t.co/UsxSMzrmPd
— @diario24horas (@diario24horas) December 13, 2019
Tras una maratónica sesión de 13 horas, en la que el ex titular del Ejecutivo quintanarroense compareció vía videollamada, ya que se encuentra recluido en un penal ubicado en el Estado de Morelos, el juez Alex Ramiro Buenfil Ayala sentenció que Borge es responsable al no hacer nada para evitar la venta de dichos terrenos, pues era su obligación estar presente en las asambleas en las que se llevó a cabo el ilícito.
Además, el juzgador determinó que se embargaran seis inmuebles, tres ubicados en Othón P. Blanco –incluido uno en la capital, Chetumal-, dos en Cozumel y uno más en Playa del Carmen (Solidaridad). Buenfil otorgó un plazo de dos meses para que se cierre la investigación, el cual vence el 27 de febrero de 2020.
Actualmente, Roberto Borge enfrenta cuatro carpetas de investigación en su contra, de las cuales tres ya han sido procesadas para vincularlo. Los delitos de los que se le acusa son actuación irregular en el servicio público, peculado y operación con recursos de procedencia ilícita por un monto de 900 millones de pesos.
Con información de Milenio.
Imagen: ESPECIAL
