Políticos vinculados al Cártel Inmobiliario que se hizo millonario a costa de grandes construcciones ilegales en la Ciudad de México están bajo la mira de las autoridades. Tal es el caso del ex jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Jorge Romero Herrera.
Martín Hernández, uno de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, presentó ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) una denuncia contra el hoy diputado federal por homicidio culposo y falsedad de declaraciones; al igual que contra el legislador local Christian von Roehrich.
El denunciante era vecino del Residencial San José, un edificio multifamiliar ubicado en el número 56 de la calle Zapata -colonia Portales- que se derrumbó durante el terremoto pese a tener solo un año de inaugurado, provocando el fallecimiento de su madre y de su esposa.
De acuerdo con Hernández, los funcionarios son culpables de ambas muertes debido a que dieron autorización para que la constructora Canadian Building construyera dos pisos adicionales que no cumplían con los requerimientos de uso de suelo, además de que utilizaron materiales de mala calidad en el proyecto.
Esta situación convirtió al inmueble en una ‘bomba de tiempo’ que corría el riesgo de desplomarse incluso sin que un sismo fuese necesario. Por ello, exige justicia contra los funcionarios que estuvieron involucrados, pues no quiere que la muerte de su esposa solo ‘sea porque sí’ para sus dos hijos.
Sin embargo, los panistas, lejos de sensibilizarse por la situación que enfrenta Hernández, se victimizaron a sí mismos. Tanto Von Roehrich como el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguran que la denuncia es un acto de ‘persecución política’.
El negro historial de Romero
Esta no es la primera vez que Jorge Romero enfrenta una denuncia por el derrumbe de Zapata 56, ya que Martín Hernández presentó un primer recurso tras el terremoto. Sin embargo, las autoridades le dieron ‘capetazo’ al asunto sin que los exdelegados panistas se presentaran siquiera a declarar.
Junto con los constantes señalamientos por sus vínculos con el Cártel Inmobiliario, el legislador también cuenta con acusaciones por el uso discrecional de 14 mil millones de pesos aprobado en 2018 por la Asamblea Legislativa para apoyar a los damnificados del sismo.
El Cártel Inmobiliario
El Cártel Inmobiliario es un grupo de arquitectos y constructores que amasaron una gran fortuna durante los últimos quince años gracias a su colusión con las administraciones delegacionales de la capital para generar mayores ganancias a través de la construcción y ampliación ilegal de edificios de lujo.
Junto con Romero y Von Roehrich, también son señalados funcionarios de segundo nivel de la alcaldía, como los secretarios de Gobierno y de Obras de ambas administraciones: Luis Vizcaíno Carmona -único vinculado a proceso-y Nicias René Aridjis Vázquez, responsables directos de supervisar el cumplimiento de los permisos.
Sin embargo, su rol no se limitaba al de cómplices, sino que ambos comenzaron a construir sus propios emporios inmobiliarios, beneficiándose económicamente de la trama de corrupción en la que participaban.
Con información de Sin Embargo.
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