Para evitar mayores retrasos provocados por los recursos legales interpuestos por diversas organizaciones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió incluir al Tren Maya en el acuerdo que considera a las principales obras de infraestructura de este sexenio como asuntos de seguridad nacional.
Desde la semana pasada, diversas organizaciones opositoras al proyecto -como Sélvame del Tren– habían denunciado que el gobierno estaría ‘violando la ley’ al reiniciar los trabajos del Tramo 5 Sur sin que los tribunales hubiesen emitido una sentencia definitiva sobre el asunto.
Al respecto, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Javier May Rodríguez, confirmó que el Consejo de Seguridad Nacional, a iniciativa de las secretarías de Gobernación y Seguridad Ciudadana, emitió en días pasados una declaratoria para ‘blindar’ el proyecto ferroviario del sureste.
Las declaraciones de May fueron corroboradas por el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de este martes. Cerca de la hora con 41 minutos del evento, señaló que no se debe detener una obra que beneficia al pueblo por los intereses de unos cuantos corruptos, motivo por el cual se emitió la declaratoria.
Cuestionado sobre si valerse de tal medida para reiniciar las obras del Tren Maya no podría acarrear una sanción por parte de los juzgados, el tabasqueño aseguró que esto no pasará, pues se optó por otro mecanismo para evitar seguir perdiendo dinero a costa de erario, pero el gobierno continúa resolviendo los amparos interpuestos hasta el momento.
Dicho mecanismo es el acuerdo que el propio titular del Ejecutivo federal firmó en noviembre pasado, a través del cual se determinó que todos los proyectos prioritarios en ramos estratégicos -infraestructura, energía, salud, aduanas, telecomunicaciones- serán considerados como asuntos de seguridad nacional y las dependencias correspondientes deberán facilitar las autorizaciones necesarias.
La medida fue rechazada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el cual aseguraba que esto permitiría la opacidad de todas las grandes obras emprendidas por la actual administración, motivo por el cual interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha instancia resolvió que el gobierno no puede mantener como reservada la información de dichos proyectos; sin embargo, no obligó a modificar ningún otro punto del acuerdo, por lo que es válido que se aplique este para reactivar las obras del Tren Maya tras ser declarado este como un asunto de seguridad nacional.
Con información de El Economista.
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