Luego de que se le concediera un amparo a la energética española Iberdrola por la multa de 9 mil millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación contra el juez responsable. Sin embargo, existe confusión sobre la identidad de este.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a quien los medios le atribuyeron dicha resolución.
Al respecto, el mandatario afirmó que su gobierno ya está llevando a cabo una investigación en contra del magistrado responsable del fallo hacia Iberdrola, pues considera increíble que el Poder Judicial proteja a estas empresas y les conceda amparos en cuanto son sancionadas.
Sin embargo, dicho recurso de suspensión no fue dictaminado por Gómez Fierro, sino por su colega del Juzgado Tercero de la misma competencia, Ramón Lozano Bernal, quien admitió las cartas de crédito para la certificación de la cuenta de la energética española, documento que el titular del Poder Ejecutivo aseguró que fue presentado de forma extemporanea, por lo que es confuso determinar quién es el juzgador que está siendo investigado.
La confusión fue provocada porque el primero compartió en su cuenta de Twitter la resolución tomada por su compañero de la Judicatura, lo cual llevó a varios medios de comunicación a asumir que él fue el responsable del fallo.
Pese a no estar vinculado a este amparo en particular, el nombre del juez Gómez Fierro ha saltado a la luz pública debido a que ha admitido recursos en contra de otras iniciativas en materia energética por parte de la administración del tabasqueño, como la Ley de la Industria Eléctrica.
La resolución de Gómez Bernal de otorgar la suspensión de la multa de 9 mil 145 millones de pesos contra Iberdrola aún no es definitiva, pues la CRE aún puede apelar la decisión. Por ello, determinó que el próximo 1 de septiembre se celebre una audiencia en la que se decidirá si el amparo promovido por la empresa procede o no.
El órgano regulador del sector energético le impuso dicha sanción -la segunda más grande en la historia de México- debido a que descubrió que la compañía le vendía energía eléctrica del parque eólico de Dulces Nombres (Nuevo León) a empresas que no aparecían en el convenio de generación, como Femsa, Oxxo o Kimberly-Clark de México.
Con información de El Economista y El Financiero.
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