Luego de que diversos medios de comunicación hicieran parecer que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) había echado por tierra el acuerdo para ‘blindar’ las obras de infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que dicha instancia garantizara el priorizar la construcción de las mismas.
Este lunes, el máximo tribunal del país resolvió una acción de inconstitucionalidad que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó en contra del acuerdo que el mandatario publicó el pasado 22 de noviembre, en el cual se clasificaba a estos proyectos como de interés público y seguridad nacional.
La SCJN resolvió que, por un lado, el gobierno federal está obligado a entregar la información referente a obras como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para garantizar la transparencia. Sin embargo, mantuvo el resto de la iniciativa, cuyo objetivo es eliminar trámites burocráticos para agilizar el desarrollo de las mismas.
Pese a la claridad de la sentencia, diversos medios de comunicación presentaron la resolución de la Corte como si esta hubiese anulado en su totalidad el acuerdo presidencial. Estos encabezados engañosos fueron interpretados por simpatizantes de la oposición como si todo el proyecto se hubiera venido abajo, celebrando la presunta ‘derrota’ del Ejecutivo federal.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el periodista Hans Salazar le preguntó a López Obrador su opinión sobre la postura manifestada por la SCJN, a lo que este respondió señalando que le da mucho gusto que este organismo judicial haya determinado mantener la parte más importante del acuerdo.
Una de las partes más polémicas de la iniciativa presidencial era que, debido a que se catalogaba a las obras de infraestructura como de seguridad nacional, se corría el riesgo de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizara esta figura jurídica para ocultar la información acerca de los proyectos, dando pie a un posible escenario de opacidad en el ejercicio público.
Junto con el INAI, los partidos de oposición también buscaron promover juicios de constitucionalidad en contra de esta acción ejecutiva a través del Senado de la República. Sin embargo, la Mesa Directiva –encabezada por la exministra Olga Sánchez Cordero- rechazó esta posibilidad.
Con información de Aristegui Noticias y el Gobierno de México.
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