Manuel Limón Hernández, secretario general interino del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que denuncia la falta de condiciones de seguridad para sus agremiados tras la explosión que se registró en la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán.
El incidente ocurrido la semana pasada, que dejó siete heridos, provocó que el líder sindical se acercara al gobierno federal para denunciar que la actual administración de Pemex, encabezada por Octavio Romero, ha decidido ignorar las exigencias de sus empleados y pidió al mandatario intervenir personalmente.
Sin embargo, algo que llama la atención es que Limón Hernández firmó la misiva como diputado federal y como secretario del Interior y de Actas y Acuerdos del STPRM, cargo que desempeñaba antes de la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia de la agrupación, ocurrida en octubre de 2019.
Esto pese a que la legislación vigente prohíbe que los legisladores ejerzan otro cargo público durante su encargo constitucional. Peor aún es el hecho de que, abiertamente, Limón está trabajando para mantener tanto su curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro –a la cual llegó por la vía plurinominal- como la secretaría general del Sindicato Petrolero.
A finales de diciembre e inicios de enero, diversos reportes periodísticos aseguraban que el sindicalista ya había notificado su intención de reelegirse en el Congreso. Unos días más tarde, se reportó que había sostenido una reunión con los líderes de sección del STPRM para que respaldaran su candidatura para encabezar la organización de forma permanenete.
De acuerdo con Juan Santos Oliva, representante legal de un grupo de agremiados disidentes del sindicato petrolero, para que Limón pueda ejercer como diputado de manera legal, Pemex debería suspenderlo como empleado y representante gremial durante el tiempo que dure su encargo en el Poder Legislativo.
Pero como esto no se ha hecho, el líder sindical –implicado en el esquema de desvío de recursos con fines electorales conocido como Pemexgate en el año 2000- cobra ambos sueldos. Además, la falta de intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le permite beneficiarse de un ‘limbo jurídico’.
La dependencia encabezada por Luisa María Alcalde Luján se ha negado a reconocerlo como el dirigente del STPRM, así como realizar la toma de nota que lo legitimaría en el cargo. Sin embargo, tampoco han realizado las medidas pertinentes para retirarle el nombramiento, ni para convocar a elecciones, ni para garantizar que estas sean libres y democráticas.
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