Con tan solo servicio social y una disculpa pública, un tribunal federal determinó sancionar a los funcionarios públicos vinculados a la desaparición del expediente original de la ‘Casa Blanca’, uno de los mayores escándalos protagonizados por el expresidente Enrique Peña Nieto.
El pasado 26 de mayo, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México ejecutó la sentencia dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la capital, decretando la suspensión condicional del proceso penal.
Pese a las protestas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), la juzgadora determinó que la desaparición de un expediente de interés nacional -que no solo atentó contra el interés de una de las partes, sino de la sociedad en general- no ameritaba cárcel para los responsables.
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De esta forma, José Gabriel Carreño Camacho, Jesús Antonio Suárez y Daniel Pérez Rueda –todos exfuncionarios de la SFP- evitaron ser sentenciados por su responsabilidad en la desaparición del expediente original y su sustitución por una copia certificada de una versión pública.
De acuerdo con las investigaciones iniciadas durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval, Pérez Rueda –exdirector general adjunto de Investigaciones B- habría ingresado a la bóveda de seguridad de la SFP cuatro cajas selladas vinculadas a las pesquisas por la adquisición de la mansión.
En noviembre de 2018, poco antes de terminar su gestión, Carreño –en compañía del titular de Recursos Financieros Alfonso Ramírez Castillero- devolvieron dichas cajas, confirmando que en ellas no se encontraba el expediente original, sino una copia certificada de una versión pública.
El escándalo de la Casa Blanca fue uno de los momentos más bajos del gobierno de Peña Nieto, pues aún se encontraba en medio de la polémica por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa cuando se hizo público que la casa de 7 millones de dólares en la que se establecería con su exesposa Angélica Rivera en realidad era propiedad de Armando Hinojosa Cantú, uno de los empresarios más beneficiados por su gobierno.
Con información de La Jornada.
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