Diversas instancias especializadas en derechos humanos y de la infancia señalaron que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez sí violaron las garantías individuales del menor de edad que extrajeron de una estancia infantil del sistema DIF.
De acuerdo con la fundación Save the Children, el mandatario y su cónyuge habrían transgredido al menos tres derechos del infante de cinco meses: a la vida privada, a la intimidad y el quebrantamiento de la aplicación de interés superior de la infancia, el cual está establecido en la constitución.
Incluso se podría señalar a la pareja como probables responsables del delito de trata de personas, si se comprueba que se aprovecharon de la imagen del afectado para utilizarla con fines mercantiles y políticos a través de sus redes sociales.
4/10 Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales
— SavetheChildrenMx (@SaveChildrenMx) January 17, 2022
Para la organización, el hecho de que una persona pueda solicitar un permiso de convivencia familiar sin tener algún vínculo comprobable con el menor refleja las graves carencias de los sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) comparte una postura similar.
Durante una entrevista con nuestra directora editorial, Meme Yamel, la activista apuntó que, en efecto, el trámite que Rodríguez Cantú presuntamente solicitó para sacar a un pequeño con discapacidad tan solo aplica para personas con algún grado de parentesco, por lo que habérselo entregado representa una irregularidad que debe ser investigada.
También recalcó que, por muy bienintencionados que sean, cuando las personas se convierten en funcionarios públicos –como García y su esposa, a quien le creó un cargo específico- su obligación es garantizar derechos, no ‘ofrecer ayuda’; por lo que deberían crearse políticas consistentes con enfoque en las garantías de los menores.
Sobre las probables repercusiones que tendrá este caso, Ramírez apuntó que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la entidad está ‘atado de manos’ para realizar un pronunciamiento, ya que depende de la instancia que incurrió en esta anomalía, el DIF del estado.
Sin embargo, celebró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León ya haya adoptado medidas en este caso, las cuales incluyen la apertura de una queja de oficio –dado que los involucrados son servidores públicos- y un exhorto al DIF para garantizar el interés superior de la niñez nuevoleonesa.
En dicho documento, se exigió al director de la instancia ya mencionada, Miguel Ángel Sánchez Rivera, que adopte las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la intimidad, privacidad y protección de imagen para los menores que se encuentran bajo su custodia.
También demandaron que se aclaren los protocolos de aquellos funcionarios que atienden a niños, niñas y adolescentes a observar el marco legal vigente y a capacitar a quienes laboran en estos espacios en cuestiones de respeto a los derechos humanos.
EXHORTA CEDHNL A DIF ESTATAL PROTEGER IDENTIDAD DE MENORES DE EDAD
El organismo pidió garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad en el DIF. pic.twitter.com/SVyf5jJ8vN
— CEDH Nuevo León (@CEDHNL) January 17, 2022
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
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