Un juez federal emitió órdenes de aprehensión en contra de al menos diez personas vinculadas al ‘caso Querubines’, en el que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de haber desviado casi 3 mil millones de pesos del erario público.
Entre los señalados por el juez de control con sede en el reclusorio de Almoloya de Juárez se encuentran CINCO funcionarios del sistema federal de centros penitenciarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; así como otras cinco personas que estarían vinculadas a las empresas fantasma.
Entre los primeros destaca Eduardo Guerrero Durán, quien fungía como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). También se encuentran Paulo Uribe Arriaga, quien fungía como director de Administración; y Emmanuel Castillo, coordinador federal de Centros Federales durante el sexenio anterior.
Libran orden de captura contra 10 implicados en caso Gómez Mont y Álvarez Pugahttps://t.co/MW48Ckgwfe pic.twitter.com/fxc3tIFJJu
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) September 28, 2021
El pasado 10 de septiembre se libraron órdenes de aprehensión en contra de la presentadora, su esposo y su cuñado Alejandro por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos, los cuales fueron adjudicados de manera directa por la Secretaría de Gobernación, que en aquel momento encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong.
Presuntamente, estos recursos serían utilizados para equipar a los reclusorios federales con equipamiento de seguridad; sin embargo, el material nunca fue entregado. En lugar de eso, las compañías que fueron premiadas con estos contratos dispersaron el dinero a través de una red de empresas fachada que no tenían la capacidad para operar dichos convenios.
Pese a que estas últimas presentan a un gran número de personas como ‘propietarias’, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que, en la mayoría de los casos, los apoderados legales eran los hermanos Álvarez Puga –quienes han sido señalados como emisores de facturas falsas- y Gómez Mont, por lo que procedieron legalmente contra ellos.
Cuando esta noticia se hizo pública, la conductora –sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont- emitió un comunicado en redes sociales en el que aseguraba que no habían sido notificados acerca de esta orden y que tampoco habían tenido acceso a la carpeta de investigación.
Con información de Aristegui Noticias.
Imagen: Sopitas
