Este lunes, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), las cuales aseguraban que las consultas realizadas en comunidades indígenas para la aprobación del Tren Maya no se apegaron a los estándares internacionales.
Esto en respuesta a las declaraciones de dicho organismo, que el jueves pasado concluyó que las votaciones realizadas durante el 14 y 15 de diciembre en las comunidades del sureste del país tuvieron varias inconsistencias, entre ellas que los representantes gubernamentales no expusieron las consecuencias negativas del proyecto y que el método de consulta fue decidido unilateralmente.
La ONU llamó la atención por el proceso de consulta del Tren Maya, pues este no cumplió con estándares internacionales de derechos humanos. https://t.co/EBZiJBea2X
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 20, 2019
Por ello, la Oficina de Presidencia emitió un boletín en el que responde a las críticas realizadas por ONU-DH en torno al ejercicio de participación realizado el fin de semana anterior. En dicha comunicación, expresa su preocupación por las declaraciones realizadas por la oficina dependiente de Naciones Unidas, ya que crea un clima de incertidumbre y falta de respeto hacia las comunidades que participaron.
Punto por punto, el gobierno mexicano responde a los señalamientos realizados por el organismo internacional, expresando que, a diferencia de lo que aseguraba este último, se cumplió con los estándares internacionales para la realización de una consulta indígena, en la que los estados deben adaptar su sistema legislativo a las necesidades de los habitantes originarios.
También aclaró que, a diferencia de lo manifestado por ONU-DH, no se negoció con las comunidades la aprobación del proyecto a cambio de llevar beneficios o necesidades básicas, como servicios de salud, educación o agua potable; y que como evidencia de ello están las grabaciones en video que se realizaron durante las consultas.
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Las autoridades también lamentaron que, a pesar del formato abierto e inclusivo en el que se buscó garantizar la participación de todos los involucrados, muchas de las voces más críticas en contra del proyecto no se dieran cita en las asambleas informativas para expresar su postura, la cual –aseguran- respetan, pero no comparten la descalificación como un medio para posicionar sus demandas.
Finalmente, señaló que el gobierno está comprometido a respetar la integridad territorial y cultural de los pueblos originarios, lo cual echa por tierra cualquier acusación de despojo y destrucción medioambiental. También se acusa a dicha oficina de haber perdido objetividad al adoptar una postura de oposición, la cual es respetable, pero que solo buscaba la cancelación del proyecto.
Con información de la Oficina de Presidencia y El País.
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