El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá una reestructuración para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sea la encargada de revisar los casos de personas detenidas sin sentencia, que hayan sido aprehendidas pese a ser inocentes o cuyas declaraciones fueron tomadas bajo tortura.
La propuesta
Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario dio a conocer el caso de Moisés Álvarez Pérez, un hombre que fue detenido injustamente por una confusión de identidad en junio y que fue liberado gracias al trabajo de la titular de dicha dependencia, Rosa Icela Rodríguez.
Aprovechando este hecho, informó sobre su propuesta de reestructuración de la SSPC, bajo el argumento de que necesita agilizar los trámites para ejecutar los indultos, amnistías y órdenes de liberación que ha firmado en los últimos meses, pues no se han logrado grandes avances.
Este cambio de dependencia podría afectar a varios casos de alto perfil, cuyos avances se han quedado estancados bajo la gestión de la Secretaría de Gobernación (Segob), varios de los cuales han sido cubiertos por The México News.
Israel Vallarta
Uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos es el de Israel Vallarta Cisneros, detenido en diciembre de 2005, en medio de un intenso escrutinio mediático, y quien ha permanecido privado de su libertad durante los últimos dieciséis años, sin que el Poder Judicial determine su inocencia o culpabilidad.
Cabe recordar que el señalado fue detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, acusado de encabezar una presunta banda de secuestradores. Sin embargo, su presunta captura fue un montaje televisivo elaborado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna; y el comunicador Carlos Loret de Mola.
En su última comunicación pública -que fue llevada a la ‘mañanera’- Vallarta denunció que los argumentos de la Segob para no perseguir su inocencia están basados en informes falsos en los que se cambiaron las fechas para hacer creer que ya contaba con una causa penal antes de su arresto.
En aquel momento, también afirmó que hay funcionarios del Poder Judicial que están entorpeciendo su caso, como Edna Marcela Ruiz Mata, secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito de Toluca, quien actualmente se encuentra ejerciendo funciones de juez.
Brenda Quevedo
Otro caso al que este medio le ha dado seguimiento es al de Brenda Quevedo Cruz, exproductora de televisión acusada de participar en el secuestro y presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria Isabel Miranda de Wallace.
Con la investigación aún en curso, esta última se aprovechó de su posición como propietaria de una agencia de publicidad para publicar en anuncios espectaculares los nombres y fotografías de cinco personas, a quienes acusó como los responsables del delito, provocando un ‘linchamiento’ mediático que violó el debido proceso.
Tras ser detenida en Estados Unidos, Quevedo fue extraditada a México, en donde fue víctima de múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura física y psicológica, hecho comprobado por la Organización de las Naciones Unidas, que exigió su liberación en agosto de 2021.
Con estos argumentos, su defensa solicitó un cambio de medida cautelar en noviembre de ese año para que pueda seguir con su proceso en libertad, el cual fue rechazado por el juez por un supuesto ‘alto riesgo de fuga’. Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso de amparo contra dicha determinación.
Ante esta situación, Isabel Miranda ha vuelto a la carga. Además de acusar al ministro presidente Arturo Zaldívar de ‘tener interés económico’ en liberar a Quevedo, este fin de semana procedió a la colocación de nuevos espectaculares exhibiendo a los imputados en la Ciudad de México.
Pablo Solórzano Castro
Junto con el ‘caso Wallace’, otro de los procesos que causaron un impacto en la opinión pública fue el del secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario de artículos deportivos Alejandro Martí, ocurrido en junio de 2008.
En febrero de 2021, Pablo Solórzano -uno de los detenidos- se puso en contacto con The México News para exhibir los abusos de los que fue víctima para que se inculpara por la muerte del joven, motivo por el cual fue sentenciado a 452 años de prisión pese a la invalidez del único testimonio en su contra.
El señalado fue obligado a firmar hojas en blanco en las que confesaba su participación en la privación de la libertad debido a que los agentes ministeriales amenazaron la integridad de sus padres, hermanos, hijo y exesposa; llegando al grado de invitar a una salida romántica a esta última para torturarlo.
También fue sustraído ilegalmente para simular un careo con Martí y Wallace -quien no tenía por qué estar ahí-, quienes se dedicaron a abusar verbalmente de él con la anuencia de los agentes ministeriales.
Solórzano fue condenado por un solo testimonio, el de Noé Robles, quien ha testificado en contra de 80 personas en distintos casos. Este medio también publicó una nota en la que el informante denuncia que fue obligado por ambos empresarios a fabricar las acusaciones -incluyendo la del abogado- mediante tortura.
Manuel Ramírez Valdovinos
En un país en el que nueve de cada diez denuncias quedan impunes y en donde la fabricación de delitos es el pan de cada día, la liberación de una persona que permaneció más de 20 años en prisión por un crimen que no cometió es sobresaliente, como en el caso de Manuel Ramírez Valdovinos.
El otrora profesor de música mexiquense fue detenido en mayo del año 2000, acusado del presunto asesinato del hijo de unos amigos, en un proceso que estuvo plagado de irregularidades, siendo la más destacada los testimonios que afirman que la víctima sigue viva dos décadas después de su homicidio.
En primer lugar, Ramírez fue detenido durante una reunión familiar, sin que los agentes presentaran una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente fue sometido a duras torturas físicas, que le han dejado secuelas como la pérdida parcial del oído o problemas en la columna vertebral.
Las dudas sobre el asesinato comenzaron cuando el cadáver que las autoridades presentaron como el de la víctima tenía una notoria diferencia de altura con el presunto occiso. Posteriormente, conocidos aseguran haber visto con vida a este último e, incluso, haber mantenido conversaciones con este.
Ramírez Valdovinos fue excarcelado en julio de 2021, gracias a un acuerdo entre los senadores Nestora Salgado (Morena) y Miguel Ángel Osorio Chong (PRI); sin embargo, la decisión fue tomada sin consultarlo, pues esta medida no comprueba su inocencia. Por ello, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya aceptó su caso.
Las autoridades
Valdovinos señala que, desde la salida de Paulina Téllez Martínez de la Unidad de Apoyo al Sistema Penal de la Segob, el apoyo que se le había prometido desde dicha dependencia se esfumó, por lo que él tuvo que buscar por su cuenta para continuar su lucha para limpiar su nombre.
El papel de esta funcionaria ha sido cuestionado por otros detenidos, como Israel Vallarta y su esposa. En el audio publicado a finales de junio, Israel acusa diréctamente a Téllez de haber manipulado las fechas de los reportes entregados al secretario Adán Augusto Hernández.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, tuvo la oportunidad de entrevistar a la exfuncionaria poco antes de que dejara su cargo. Ahí, aprovechó para preguntarle por los cuatro casos ya mencionados. Respecto a Brenda Quevedo, señaló que su proceso no era manejado por su oficina.
También se deslindó de los señalamientos de Mary Sainz -esposa de Vallarta-, afirmando que era esta quien no se ponía en contacto con ellos y rechazó las acusaciones de la esposa de Valdovinos, quien denunció presiones políticas para alejarse de la familia LeBarón y del finado exdiputado Pedro ‘El Mijis’ Carrizales.
Con información del Gobierno de México.
Imagen:
