Pablo Solórzano Castro, uno de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, contactó a nuestra directora editorial, Meme Yamel, para denunciar –por enésima vez- los abusos cometidos durante su detención, los cuales contaron con el visto bueno de Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.
A través de una carta, fechada el 16 de febrero del presente año, relató de nueva cuenta las irregularidades en su detención, ocurrida el 12 de mayo de 2011. El acusado asegura que su detención fue realizada por los mismos agentes policiacos que unos meses antes intentaron extorsionarlo.
Solórzano cuenta que en octubre de 2010 esos mismos oficiales pretendieron cobrarle a cambio de que confesara haber participado en el delito que se le imputa y que en el momento de su arresto, participaron hasta 25 uniformados, quienes lo desnudaron, golpearon y torturaron por más de diez horas.
Tras ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal José Manuel Rojas Cruz, los abusos físicos continuaron, pese a que intentó hacerles saber que los responsables de su arresto habían allanado su domicilio y exigido un pago de medio millón de pesos –según el semanario Proceso– a cambio de asumir su presunta responsabilidad en el ilícito.
El denunciante afirma que terminó por declarar bajó tortura debido a que los involucrados tenían información precisa sobre sus padres, sus hijos y su pareja, y que la presión y la tortura recibidos –que incluyó que Cruz tuviera una cita con su excompañera- fueron tales que lo orillaron a contemplar el suicidio.
También relata que, el 28 de junio de 2011, Rojas Cruz simuló un proceso para que Solórzano fuera confrontado por Alejandro Martí, dueño de la cadena de tiendas deportivas del mismo nombre y padre de la víctima; así como por la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace, pese a que esta no tenía ningún motivo legal para estar presente.
Durante el encuentro, le aseguró a Martí –‘mirándolo a los ojos, cuenta- que no participó en el secuestro y asesinato de su hijo. También denuncia que Miranda mantuvo una actitud prepotente y denigrante, poniendo en duda su preparación como abogado; todo esto con la anuencia de José Manuel Cruz y Fernando García Fernández, otro funcionario.
De acuerdo con Proceso, Pablo Solórzano fue condenado a 452 años pese a que se le vinculó con el ‘caso Martí’ sin pruebas contundentes y con un solo testimonio, prueba insuficiente para iniciar un proceso. Este testimonio es el de Noé Robles Hernández, quien ha participado como testigo protegido en hasta 80 denuncias.
Hace unos meses, The México News publicó una serie de testimonios de acusados y familiares que han sido implicados en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace, hijos de los activistas; y, al igual que el caso de Solórzano Castro, relatan las irregularidades, abusos y amenazas elaboradas por ambos empresarios.
Uno de esos testimonios es, precisamente, el de Noé Robles, quien denunció que fue obligado –bajo tortura- a ‘delatar’ y vincular a ambos casos a un gran número de personas, utilizando como pruebas fotografías que no coincidían con las de los detenidos, como sucedió en la detención de Pablo Solórzano.
Al igual que en los otros testimonios que aparecieron en dicha nota, Robles Hernández asegura que fue visitado por Martí y Miranda en varias ocasiones y que, a indicación de estos, los agentes ministeriales le daban indicaciones sobre la gente que debía denunciar.
Con información de Proceso.
Imagen: Animal Político
