El senador Germán Martínez Cázares se convirtió en el único miembro del grupo parlamentario de Morena que firmó la acción constitucional que los legisladores de oposición entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar detener la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Fue el propio congresista quien confirmó a medios de comunicación escritos que apoyó la propuesta del bloque opositor, que busca invalidar la propuesta presidencial que pretende devolver a las empresas productivas del Estado (CFE, Pemex) la prioridad en la producción y generación de energía para el Sistema Eléctrico Nacional.
Los firmantes del documento argumentan que la iniciativa aprobada hace un mes contraviene los principios de la Reforma Energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; además de contravenir los principios de legalidad, seguridad jurídica y de no retroactividad; además de socavar la autoridad de los órganos reguladores del sector.
Germán Martínez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica que impulsó el propio López Obrador, su correligionario… en teoría.https://t.co/maUsJVMo8p
— MX Político (@NoticiasMXP) April 9, 2021
Al firmar dicha propuesta, los legisladores de oposición –junto con Martínez, el independiente Emilio Álvarez Icaza y un senador del Partido Verde- aseguraron que esto muestra su compromiso con los derechos humanos, con un medio ambiente sano, con la legalidad, la libre competencia y la generación de energías limpias y renovables.
El panista Jesús Horacio González manifestó su confianza en que el máximo tribunal del país resuelva sobre la constitucionalidad de la nueva Ley de la Industria Eléctrica en un plazo menor a 90 días. Anticipó que, en caso de que su recurso prospere, es probable que el gobierno federal cumpla su ‘amenaza’ de buscar reformas constitucionales.
La reforma había sido aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 9 de marzo; sin embargo, un par de días después algunos particulares afectados por la nueva legislación promovieron amparos para suspender temporalmente los efectos y mantener el marco jurídico de la Reforma Energética.
Desde entonces existe un encarnizado debate público sobre diversas cuestiones constitucionales, como la presunta violación de derechos humanos o si las empresas paraestatales deben tener el mismo estatus que las empresas privadas pese a que el derecho a la propiedad privada es una prerrogativa del Estado.
Con información de El Universal.
Imagen: El Occidental
