Este martes, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los legisladores de oposición cuestionaron a la secretaria sobre los resultados de las investigaciones por corrupción en contra de funcionarios del actual gobierno, a lo que esta contestó que la SFP no ha protegido a nadie, en referencia a personajes como el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, o el exdelegado de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomelí.
En el mismo sentido, Sandoval aseguró que se han aplicado sanciones a las figuras públicas del pasado y de este gobierno que han incurrido en actos ilícitos.
No obstante, Mónica Bautista, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprovechó su intervención en la Cámara baja para acusar a Irma Eréndira Sandoval de proteger a su hermano Pablo Elmicar Sandoval Ballesteros, quien presuntamente utilizó recursos provenientes de programas sociales para promoción personal e impulsar una eventual candidatura al gobierno de Guerrero.
Ante los reclamos, no solo de legisladores de oposición, sino también de diputados de Movimiento Regeneración Nocional (Morena) y sus aliados, Irma Eréndira Sandoval pidió dejarse de politiquerías.
“Los invito a que dejemos, lo que el presidente muy elegantemente ha llamado, la politiquería y que nos enfoquemos a reconocer por el bien de todos que este presidente sí nos representa a todos los mexicanos, que este gobierno sí atiende los diagnósticos profundos que estaban frenando nuestro desarrollo en general, nuestro desarrollo, económico, social y político, y que precisamente en esa búsqueda de un nuevo estadio político de democracia plena, de respeto, nos dejemos de estas guerras sucias”.
En este orden de ideas, Irma Eréndira Sandoval detalló que se han impuesto más de 5 mil sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacó más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 multas y 282 destituciones.
Asimismo, señaló que se han presentado 513 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Indicó que se ha actuado contra exsecretarios de Estado, exdirectores de empresas productivas del Estado, exgobernadores y miembros del gabinete de seguridad de administraciones pasadas.
“Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido, de parte de la Secretaría de la Función Pública, la sanción administrativa más alta posible y, a diferencia de gobiernos pasados, esta administración no ha protegido a nadie”.
De igual forma, afirmó que la actual gestión ha acelerado la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.
