De acuerdo con una investigación de El País y Univisión, en el segundo semestre de 2018, última etapa del priista Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno de México, se desviaron 774 millones de pesos del presupuesto de la Policía Federal (PF) a través de un esquema piramidal armado por dos proveedores de la corporación en conjunto con una red de compañías reales y fantasma.
El diario español y la cadena de televisión estadounidense explicaron que los datos provienen de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se constata que las empresas, identificadas como Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos en total con la PF para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas.
El millonario desvío de 40 mdd a través de empresas fantasmas en la Policía Federal, durante el Gobierno de @EPN. Reportaje de @Ferritortola en @el_pais https://t.co/Dq0fMBxGDB
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 8, 2020
Las empresas mencionadas debieron usar los recursos para comprar lo acordado a firmas de inteligencia israelíes, pero lo que hicieron en realidad fue transferir poco más de 768 millones de pesos a otras empresas, que a su vez lo fueron diluyendo en otros eslabones del esquema piramidal para borrar el rastro.
La investigación reveló que desde la PF se diluyeron 500 millones de pesos en empresas como Odell y Soferxa, entre otras no especificadas, esto luego de ser depositados en cuentas pertenecientes a Dizoal.
Los 274 millones de pesos restantes fueron transferidos a Servicios Esrome, la cual se encargó de diluirlos a través de las mismas estructuras del esquema ilícito.
‘Las sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Policía Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos después de la firma de los contratos. Los auditores señalan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa’, indica el diario español.
Se dio a conocer que Esrome y Dizoal eran en realidad empresas fantasma, creadas el mismo día ante el mismo notario del municipio de Chalco, en el Estado de México.
“Las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de la Ciudad de México”.
De entre las empresas que se citan en el documento aparecen:
- Global Gesori por 338 millones de pesos
- Administradora Portonovo por 10.9 millones de pesos
- Comercializadora Gocha por 4.1 millones de pesos
- Brunkiar por 13.8 millones de pesos
- Armando Álvarez García 413 mil pesos
- Sofía Zúñiga García por 369 mil pesos
A las empresas no especificadas se les dieron 181 millones de pesos y en transferencias al extranjero fueron 22 millones de pesos.
En la parte más alta de la pirámide aparece Alfonso Navarrete, quien durante la última etapa del gobierno de Peña Nieto estaba al frente de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal.
En segundo está Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad y en el tercer puesto Manelich Castilla, comisionado de la PF.
En 2019, cuando Peña Nieto ya había dejado su cargo, auditores se reunieron varias veces con los representantes legales de Dizoal y Esrome para indagar sobre los pagos irregulares, sin embargo, estos negaron los hechos de manera reiterada.
“Este esquema de desvío detectado en la Policía Federal no es el único asociado a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional durante los años de Peña Nieto. En julio, EL PAÍS informó de un presunto desfalco de 7.8 millones de dólares cometido por funcionarios de la vieja Fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la administración anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores”.
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