Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con representantes del sector empresarial y líderes sindicales, en el cual se comprometieron a terminar con prácticas como la subcontratación ilegal –mejor conocida como outsourcing-; así como resolver el reparto de utilidades para los trabajadores.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que, a través de este compromiso, buscarán ‘frenar’ unas semanas la iniciativa que ya se presentó en el Congreso, con el objetivo de ‘mejorarla’ a través del diálogo con los empresarios, haciendo énfasis en que todo debe ser por la razón y nada por la fuerza.
Posteriormente, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, presentó los puntos centrales del convenio. En primer lugar, todas las partes firmantes –iniciativa privada, sindicatos y gobierno- aceptan y se comprometen a resolver el problema de la subcontratación de personal. Las empresas acceden a iniciar el proceso de regularización de sus empleados.
El segundo tema que aparece el acuerdo es el pago del reparto de utilidades. Debido a que no se ha discutido lo suficiente y, por lo tanto, no se han definido los lineamientos, los tres sectores acuerdan que otorgarán más tiempo para definir un sistema que permita que el reparto de este beneficio sea equitativo.
Debido al impacto operativo que tendrá en las empresas la regularización de las plantillas laborales, se acordó solicitar al Poder Legislativo que las discusiones para legislar el tema de la subcontratación de personal –outsourcing- sea pospuesto hasta el mes de febrero, la cual tendrá preferencia en su momento.
Finalmente, se hace un llamado al sector empresarial para que sus compañías abandonen, de manera inmediata, prácticas ilegales como el despido de trabajadores en el mes de diciembre. Instancias como el Seguro Social (IMSS) o el Infonavit respaldarán formalmente este exhorto y, en caso de detectar este tipo de irregularidades, se procederá administrativa y penalmente.
Para ilustrar esta última problemática, durante su presentación del 12 de noviembre, el mandatario mostró una gráfica en la que se observaba que, en promedio, durante el mes de diciembre se pierden 380 mil empleos debido a que los empleadores buscan evitar el pago de prestaciones como aguinaldos y bonos.
El senador y líder de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, coincidió con las autoridades gubernamentales en que ha existido un abuso en la subcontratación y en evadir el pago de prestaciones; sin embargo, manifestó su confianza en que todas las partes pueden llegar a un acuerdo.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, agradeció la apertura al diálogo por parte del gobierno y que se haya otorgado tiempo para mejorar la iniciativa y permitir la participación de los involucrados; además de asegurar –en reiteradas ocasiones- que el sector privado está en contra de cualquier abuso que afecte a los trabajadores.
Sin embargo, no todas las organizaciones empresariales están de acuerdo con este convenio. Diversos medios de comunicación revelaron que grupos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA) rechazaron la firma del acuerdo.
Imágenes: La Jornada y Forbes México
