La influencia de la empresaria Isabel Miranda de Wallace, señalada por los múltiples casos de tortura contra los presuntos implicados en el caso de su hijo Hugo Alberto, llegó hasta las esferas más altas del Poder Judicial tras el nombramiento de Norma Lucía Piña Hernández.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, entrevistó a Salvador Leyva Zaragoza Morelos, quien hasta hace unos días encabezó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), trabajando los casos de seis de los acusados por el supuesto secuestro y homicidio, incluyendo a Brenda Quevedo y a Juana Hilda Lomelí.
El exfuncionario presentó su renuncia el pasado 2 de febrero, señalando que no existen las condiciones para continuar laborando ante la creciente influencia de la señora Wallace y un evidente conflicto de interés que implica a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Denuncian cercanía entre Isabel Miranda y la ministra Piña
Leyva reveló que el actual secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la ministra Piña es Abraham Pedraza Rodríguez, esposo de María Magdalena Torres Miranda, hermana de Isabel Miranda; quien, además de su parentesco jugó un rol fundamental en la construcción de la narrativa.
Resulta que fue el jurista quien acudió ante el Ministerio Público de la Ciudad de México para reportar el secuestro de Hugo Alberto en nombre de la empresaria, a quien presentó en su declaración como su ‘tía’, pese a que solo habían pasado unas horas y no reportó la desaparición ante instancias como Locatel.
La carrera de Abraham Pedraza está íntimamente ligada a la de la presidenta de la SCJN, pues su trayectoria en el Poder Judicial coincide con la de Piña Hernández, incluyendo su paso por los juzgados de la Ciudad de México (2000-2015) y su ascenso al máximo tribunal del país.
Sin embargo, las coincidencias no terminan ahí. De acuerdo con el ex defensor público, María Magdalena Miranda era directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que permitió la presencia ilegal de Wallace en decenas de interrogatorios sospechosos de tortura.
Espían con Pegasus a defensores públicos del ‘caso Wallace’
Otro de los motivos que llevó a la renuncia de Leyva fue la reciente confirmación de que él y otros defensores públicos -todos involucrados en la investigación del caso Wallace- fueron víctimas de espionaje telefónico a través del polémico programa Pegasus.
Esta semana, el laboratorio digital CitizenLab -de la Universidad de Toronto- publicó los resultados de los análisis a los teléfonos de los integrantes del IFDP, hecho que el exdirector de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura ya informó a la Suprema Corte de Justicia.
En su carta, incluyó una copia del dictamen de CitizenLab, que confirma la infección de al menos dos dispositivos electrónicos. Curiosamente, los tres ataques reportados ocurrieron justo cuando los funcionarios investigaban irregularidades relacionadas con las pruebas presentadas por Wallace.
Una de las más destacadas fue descubrir que el departamento en el que las autoridades encontraron rastros de sangre de Hugo Alberto Wallace y otras evidencias fue rentado por un trabajador de la empresaria justo antes del cateo en el que aparecieron las presuntas pruebas.
Leyva señala que comenzó a sospechar del espionaje luego de que Isabel Miranda presentó una denuncia contra él y varios funcionarios del Poder Judicial utilizando como prueba una conversación privada a la que podía tener acceso. Los otros servidores públicos enfrentaron acciones similares.
Además de temer por su propia integridad, Salvador Leyva señaló que también le preocupa el futuro de Brenda, Juana Hilda y los demás torturados, pues considera que, pese a la capacidad de los defensores del IFDP, los factores externos y la influencia de Wallace ponen en riesgo la procuración de justicia.
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