El Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología A.C. (FCCyT) recibió 4.6 millones de pesos por parte del gobierno de Felipe Calderón a cambio de emitir el dictamen que le permitió a este último interrumpir la búsqueda de los mineros atrapados tras el derrumbe de la mina Pasta de Conchos.
El 8 de octubre de 2007, la directora general de Protección Civil federal, Ana Lucía Hill Mayoral, envió al gobierno de Coahuila el dictamen elaborado por el órgano de gobierno de Conacyt para ordenar la suspensión de cualquier iniciativa por encontrar a los 65 trabajadores desaparecidos desde febrero de 2006.
Tres días antes, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, había enviado el mismo documento directamente al gobernador Rubén Moreira para justificar la cancelación de las acciones de rescate, asegurando que la intención del mandatario era ‘privilegiar las labores de rescate hasta donde sea humanamente posible’.
El entonces coordinador del Foro Consultivo, José Luis Fernández Zayas, presumió su participación en la elaboración de dicho documento, afirmando que este sirvió para llevar ‘conocimiento de calidad’ a la sociedad, para solucionar los grandes problemas del país, mientras sepultaba las esperanzas de decenas de familias.
Foro Científico, sopa de intereses. Así usó @FelipeCalderon a ese órgano para dejar atrapados a los mineros de Pasta de Conchos. (Y le pagó 4.6 millones) https://t.co/TQKn7MXlCQ
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) September 30, 2021
Además, en su informe de labores al concluir su mandato, Fernández aseguró que la elaboración del dictamen –por el cual recibieron 4.6 millones de pesos- incluyó la invitación a un panel internacional de expertos en seguridad de minas, quienes habrían realizado el informe, que después fue revisado por un grupo multidisciplinario de expertos.
Tras el final del sexenio de Calderón, Fernández Zayas encontró acomodo como director el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, así como en la Secretaría de Energía –en donde fungió como director general de Investigación Científica, Tecnológica y del Medio Ambiente- durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, no fue el único que logró continuar su carrera en los gobiernos subsecuentes. Lozano Alarcón se convirtió en senador por el PRI para, posteriormente, fungir como coordinador de la fallida campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.
Ana Lucía Hill, por su parte, se desempeña actualmente como secretaria general del gobierno de Puebla, mano derecha del gobernador Luis Miguel Barbosa. Su hermano, Benjamín Hill, exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el gobierno de Peña y actual integrante del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El FCCyT enfrenta un señalamiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual asegura que dicho órgano –convertido en asociación civil- desvió 244 millones de pesos del erario público para beneficio propio, adquiriendo bienes no relacionados con las actividades del Conacyt, incluyendo una casa en Coyoacán.
En entrevista para Sin Embargo al Aire, la directora de la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, señaló que años después se enteró que la firma de uno de los dos expertos que habrían elaborado el dictamen fue falsificada; además de que el dictamen inicial revictimizaba a rescatistas y familiares.
Con información de Sin Embargo.
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