El abogado Salvador Leyva Zaragoza Morelos acusó a Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos de la FGR como una de las principales promotoras de la impunidad en casos de violación a las garantías individuales.
A través de su cuenta de Twitter, el exdirector de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reveló que, entre 2019 y 2022, dicha dependencia presentó más de 5 mil 100 recursos en contra de la Fiscalía General de la República (FGR).
En ellos, acusaron a Herrerías Guerra y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, por la falta de las debidas diligencias y la dilación -a veces durante años- para investigar denuncias por casos de tortura. Como consecuencia, el Poder Judicial ya ordenó al Órgano Interno de Control de la FGR investigar a la fiscal especializada por sus numerosas omisiones.
Sin embargo, tras la salida de Leyva y el exdirector Netzaí Sandoval, la funcionaria sostuvo una reunión con la nueva titular del IFDP, Taissa Cruz Parcero. A partir de ese momento, el Instituto únicamente presentó una denuncia por tortura en contra de la FGR, que el abogado considera como muestra de la impunidad imperante.
Leyva sospecha de espionaje por parte de la fiscal especializada
Tras presentar su renuncia en febrero, Salvador Leyva sostuvo una entrevista con nuestra directora editorial, Meme Yamel, en la que denunció los vínculos entre la empresaria Isabel Miranda de Wallace y la actual titular del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Ahí, el exdirector de la STCT reveló que él y otros defensores públicos que llevan los casos de los implicados en el ‘caso Wallace’ fueron víctimas de espionaje con el malware Pegasus justo cuando investigaban las irregularidades en las pruebas aportadas por la empresaria publicitaria.
Ahora, Leyva Zaragoza Morelos sospecha que la fiscal Sara Irene Herrerías también podría estar involucrada, pues ya trabajaba en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) cuando esta dependencia adquirió el software israelí para vigilar a activistas, periodistas y opositores.
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