Ante la polémica por la aprobación del nuevo padrón de datos biométricos que las compañías de telefonía celular deberán entregar al gobierno federal, la senadora Antares Vázquez Alatorre (Morena) tranquilizó a la ciudadanía y explicó los motivos por los cuales se aprobó esta medida.
La legisladora originaria de Guanajuato apareció como invitada en la emisión de Al Chile de este viernes. Ahí, nuestra directora editorial, Meme Yamel, le externó la preocupación que existe en algunos sectores por la materialización de esta iniciativa, pues consideran que atentan contra las garantías fundamentales de los mexicanos.
Al respecto, Vázquez inició señalando que las preocupaciones por las implicaciones que conlleva este nuevo listado son exageradas, ya que los usuarios ya entregaron sus datos biométricos a instancias como bancos, redes sociales, empresas de tecnología y hasta a instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
En ese sentido, mencionó que la mayoría de las personas no tienen mayores objeciones en entregar esta clase de información a particulares que, en muchas ocasiones, no están sujetos a ningún tipo de regulación para el uso de dichos datos, pero que esta situación se politiza cuando las autoridades quieren mantener un registro.
Posteriormente, Vázquez afirmó que la principal motivación de la iniciativa es la seguridad, ya que miles de mexicanos son víctimas de intentos de extorsión telefónica, como ya le ha ocurrido a ella –y a la totalidad de los diputados y senadores- en varias ocasiones.
De acuerdo con la senadora guanajuatense, el objetivo de tener un padrón de datos biométricos es tener registradas a las personas que, de manera anónima, pueden adquirir un chip telefónico, quienes representan el 84 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en el país, contra solo el 16 por ciento que contratan un plan a largo plazo.
El riesgo –según la congresista- que existe con la falta de control de los usuarios de prepago es que pueden adquirir un número ilimitado de chips para usar desde el mismo dispositivo y, de esta manera, cometer ilícitos como extorsión o secuestro, por lo que la legislación busca tener los datos de todas aquellas personas que adquieran estos artículos, para que dichos delitos puedan ser rastreados.
Otra de las dudas que resolvió es que dicha lista no estará resguardada por la Fiscalía General de la República (FGR), sino por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y este tendrá la obligación de proteger dicha información y, en caso de ser necesario, colaborar con las autoridades para investigaciones criminales.
Sobre la negativa que el propio INAI ha manifestado hacia la propuesta por falta de presupuesto, Vázquez Alatorre aseguró que este organismo autónomo afirma que es una de las instituciones que se ha negado a acatar las medidas de austeridad promovidas por la Cuarta Transformación, por lo que sus comisionados siguen percibiendo sueldos millonarios.
Finalmente, señaló que es mucho más preocupante que las redes sociales como Facebook, Twitter o Whatsapp tengan acceso a los datos biométricos de sus usuarios y que no exista ninguna legislación que permita regularlas; así como el hecho de que operen sin pagar impuestos.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
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