Por cuarta ocasión, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés consiguió el aplazamiento de la audiencia judicial en su contra. Esta vez, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) evitó presentarse ante el juez debido a que este último fue diagnosticado con COVID-19.
La sesión, en la que el panista tendría que hacer frente a las acusaciones de haber recibido sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, estaba programada para celebrarse a las nueve de la mañana de este lunes, 31 de enero de 2022.
Sin embargo, durante el transcurso del domingo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez responsable del caso de Anaya, no podría estar en condiciones de presidir la audiencia, debido a que dio positivo al virus SARS-CoV2, por lo que esta se llevará a cabo el próximo 14 de febrero.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exlíder ‘blanquiazul’ los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, por su presunta participación en una red de corrupción, en la que se le habrían pagado sobornos millonarios a varios legisladores de oposición a cambio de apoyar los proyectos del gobierno anterior.
La audiencia de Ricardo Anaya Cortés, quien este lunes comparecería por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, se aplazó hasta el 14 de febrero luego que el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia diera positivo a COVID-19 https://t.co/k7sQAwatFi pic.twitter.com/TwRH0Vq3ZN
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) January 31, 2022
En particular, a Anaya se le acusa por haber recibido 6.8 millones de dólares a cambio de su apoyo al proyecto privatizador del sector energético emprendido por Peña cuando se desempeñaba como diputado plurinominal. Los pagos se habrían realizado entre 2013 y 2014, cuando ya había dejado su cargo en el Congreso.
El panista, por su parte, argumenta que detrás de este caso existe una intención política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asegura que este busca evitar que pueda contender como candidato en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024.
La audiencia estaba programada originalmente para el 26 de agosto; sin embargo, fue pospuesta hasta en tres ocasiones a petición de la defensa. Las dos primeras veces se acusó a la FGR por no entregarles a tiempo el expediente, mientras que la última –el pasado 8 de noviembre- fue porque la dependencia agregó un documento de más de mil hojas a última hora.
Esta no es la primera vez que el juez Fuerte Tapia preside un proceso contra una figura política relevante, pues fue quien sentenció con nueve años de prisión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; además de liberar a Alejandro Gutiérrez, integrante del PRI que habría desviado 250 millones de pesos del erario público para financiar ilegalmente las campañas de su partido.
Con información de La Jornada y Reporte Índigo.
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