El sector empresarial de Tijuana asegura que obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y de la fiscalizadora Fisamex, debido a que ambas instancias incurrieron en presuntas acciones ilegales en el cobro de agua.
A través de su presidente, Roberto Rosas Jiménez, la sección local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que dichas dependencias realizan cortes arbitrarios en el servicio de agua potable hacia las empresas, los cuales calificó como un acto de ‘extorsión’.
El dirigente empresarial asegura que, si el usuario se niega a pagar el supuesto adeudo detectado por Fisamex o si decide acudir a los tribunales, el gobernador Jaime Bonilla utiliza a la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) para que esta clausure a las empresas deudoras bajo cualquier excusa.
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Este es el último episodio en el enfrentamiento que existe entre el gobierno estatal y el organismo empresarial, el cual comenzó el pasado 3 de junio, cuando Bonilla Valdez dio a conocer que existían diez empresas que no habían pagado el servicio, entre ellas un fraccionamiento propiedad del exgobernador panista Francisco Vega Lamadrid, los cuales causaron un daño al erario de 64 millones de pesos.
Desde entonces, la Coparmex ha denunciado que tanto CESPT como Fisamex han estado realizando cobros arbitrarios en contra del sector empresarial; mientras que el número de compañías detectadas como deudoras en las auditorías ha ido en aumento.
Finalmente, el director del Departamento Jurídico de la paraestatal, Eduardo Viejo señaló que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación por las órdenes de aprehensión que fueron promovidas por los empresarios. De igual manera, los empleados de Fisamex tampoco han sido informados de dicha situación.
Con información de Excélsior y Semanario Zeta.
Imagen: Excélsior
