Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el estado de Veracruz está obligado a devolver 96.4 millones de pesos a la Federación, los cuales formaban parte de un programa cuya aplicación no pudo ser comprobada por los órganos fiscalizadores y que ocurrió durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa.
El gobierno federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, transfirió estos fondos en 2014, para que la administración estatal del priista contratara un seguro de gastos contra catástrofes para blindar a los productores agropecuarios de 208 municipios; además de los gastos de operación y el seguimiento de la póliza.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno encabezado por Duarte no ejerció estos recursos. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió un recurso ante el máximo tribunal de justicia, para que la administración estatal de Veracruz –ahora encabezada por Cuitláhuac García- reintegre esta suma.
El Poder Ejecutivo de Veracruz debe devolver a la Federación los recursos recibidos en 2014 para la contratación de un seguro agropecuario catastrófico, que protegía a los productores rurales de bajos ingresos del Estado y que no fueron aplicados. pic.twitter.com/6O1SRK9Lqi
— Suprema Corte (@SCJN) June 30, 2020
Tras analizar las pruebas, los ministros llegaron a la conclusión de que la entidad no cumplió con las obligaciones convenidas en el contrato que ambos niveles de gobierno suscribieron el 18 de febrero de 2014, debido a que esta no aplicó los recursos ni los devolvió a las arcas de la administración federal.
Por ello, determinaron que el estado de Veracruz debe reponer los 96.4 millones de pesos, además de los rendimientos y las cargas financieras derivadas de la no aplicación de los recursos. La SCJN dio a conocer que este juicio solo era para resolver la disputa entre ambos niveles y no está relacionada con las imputaciones en contra del exgobernador.
Cabe recordar que Javier Duarte de Ochoa fue arrestado por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sin embargo, la PGR reclasificó este último cargo en 2018, cambiándolo por asociación delictuosa, lo cual permitió al exmandatario declararse culpable para recibir una sentencia reducida de nueve años.
Con información de julioastillero.com
Imagen: ESPECIAL
