El Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no sólo ha acumulado 4 mil 649 millones 949 mil 859 pesos en malos manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública interna, sino que ocultó 802 millones de pesos de la deuda pública de Baja California a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP).
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), máximo órgano fiscalizador en el país, al revisar la totalidad de la deuda pública interna de Baja California que alcanzó los 15 mil 177 millones 319 mil 700 pesos al cierre de 2017.
El panista “Kiko” Vega suma 4,649 millones en desvíos y oculta 802 millones más de deuda en BC: ASF https://t.co/j45nNjoMxn pic.twitter.com/8foSbvzaSw
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) March 5, 2019
Los auditores, quienes tuvieron acceso total a la información financiera y presupuestaria de la administración estatal, no sólo encontraron que el Gobierno panista reportó como menor la deuda pública, sino que incurrió en otras prácticas irregulares como pagar 14 millones 600 mil pesos en exceso por concepto de intereses bancarios.
También detectaron desvíos de millones de pesos que fueron adquiridos a través de financiamientos bancarios, pero que el Gobierno estatal “fraccionó y dispersó en hasta seis cuentas bancarias que contenían otros recursos, de los cuales no se identificó su fuente de financiamiento local o federal”.
No fue la única operación de fragmentación de recursos que la administración estatal. Una denuncia advierte que el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid desarrolló un esquema para, de manera constante, entorpecer la entrega de de los nuevos programas sociales impulsados por la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL). con la finalidad de ser utilizados con fines electorales.
Resulta que como parte de los nuevos programas sociales impulsados por la Secretaría de Bienestar, se entregarán becas mensuales de 800 pesos a cada alumno de preparatoria sin excepción. Se trata de una de las promesas de campaña de AMLO para apoyar la educación.
En todo el país, personal de la dependencia federal se comunica con directivos de las preparatorias y bachilleratos para informarles del proceso de registro. Así es la cosa: la escuela debe dar de alta a cada uno de los alumnos registrados en su matrícula en la plataforma nacional digital por medio de una fotografía y firma de los menores. Así de sencillo. Y los estudiantes reciben 800 pesos mensuales en una tarjeta bancaria a su nombre, sin estudio socioeconómico de por medio ni constancia de buenas calificaciones.
En Baja California, una de las primeras escuelas en cumplir con el censo de alumnos fue la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que cuenta con una plantilla aproximada de 5 mil alumnos. Pero no en todas las escuelas hay buena disposición. Por ejemplo, los planteles que pertenecen al Sistema Educativo Estatal que dirige el panista Miguel Ángel Mendoza González dentro del gobierno de Kiko Vega.
Los directivos han recibido la instrucción explícita de entorpecer el proceso para la entrega de becas, aplazar el mayor tiempo posible el registro de alumnos.
Directivos de Cobach y Cecyte, particularmente, el primero dirigido hasta hace poco por Javier Santillán Pérez (relevado por Rosario Rodríguez) y el segundo por José Luis Kato Lizaldi, no contestan las llamadas ni requerimientos de la Secretaría de Bienestar para saber el estatus del registro de sus estudiantes. Y por lo tanto, los miles de alumnos que estudian en estos subsistemas escolares no han podido tener acceso a los beneficios que automáticamente les corresponden.
Las instrucciones en tiempos electorales, aseguran los profesores y directores de los planteles es que vienen del mismísimo gobernador con tal de entorpecer los beneficios federales que en año electoral podrían causar nuevas simpatías al gobierno federal.
A lo largo del informe de más de 150 páginas, publicado el 20 de febrero de 2019 como parte de la entrega reciente de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se advierte de otros incumplimientos a disposiciones fiscales como la “falta de transparencia y rendición de cuentas” y la “discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos derivados de créditos de corto y largo plazos”.
El análisis de la ASF concluye que las consecuencias de los malos manejos financieros del actual Gobierno encabezado por Vega de Lamadrid pueden convertirse en una herencia para la administración que entrará en funciones el 1 de noviembre de este año.
Con información de: Sin Embargo y Zeta Tijuana
