Varios de los agentes ministeriales señalados como torturadores en el caso Wallace no solo no enfrentan la acción de la justicia, sino que siguen formando parte del sistema de procuración de justicia, protegidos por sus cargos en diversas fiscalías.
Nuestra directora editorial, Meme Yamel, entrevistó a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien hasta hace unas semanas encabezaba la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) al interior del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y quien llevaba el caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida sin sentencia desde hace quince años.
El litigante señaló que, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Tzompaxtle Tecpile descubrió que uno de los funcionarios que compareció como representante del Estado mexicano en el proceso fue Braulio Robles Zúñiga.
Resulta que este individuo es uno de los señalados por las torturas físicas y sexuales cometidas contra Quevedo, cuando estaba adscrito a la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) y que ahora labora en la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, no es el único acusado por abusos en el caso Wallace que continúa en el servicio público. Osvaldo Jiménez Juárez y Fermín Ubaldo Cruz, señalados por la propia Brenda, Jacobo Tagle y Juana Hilda Lomelí como sus torturadores, continúan trabajando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
Isabel Miranda de Wallace, protegida desde altas esferas del poder
En una entrevista previa, Leyva denunció que la empresaria publicitaria podría retomar poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández es Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Wallace que jugó un papel clave en la simulación del caso.
No obstante, esta no es la única instancia desde la que Isabel Miranda recibe protección. Cuestionado sobre cómo evitar la corrupción al interior de los organismos de procuración de justicia, el ex defensor público señaló que esto no será posible sin la remoción de las redes de poder.
En el caso particular de Wallace, mencionó que no solo es la ministra Piña, sino que otros funcionarios de alto nivel de la actual administración también realizaron declaraciones públicas de apoyo hacia la mujer señalada por fabricación de pruebas y tortura, por lo que no tomarán acciones en su contra.
Probablemente, el caso más preocupante es el de Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad Ciudadana, quien en una entrevista para Historias Engarzadas alabó a la empresaria y su lucha; siendo ella quien recibe las instrucciones para resolver las denuncias presentadas por Brenda Quevedo.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
