Durante años, OHL -ahora llamada Aleática- se ha beneficiado del cobro de peaje del Viaducto Bicentenario, a pesar de que este está construido sobre una vía de uso federal, por lo que requeriría de una concesión por parte del gobierno, con la cual no cuenta. La administración estatal de Enrique Peña Nieto estaba al tanto de esto y sin embargo no emprendió ningún tipo de acción.
De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, tanto el mandatario como su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sabían desde el principio que la constructora española no contaba con este documento, sin embargo, no hicieron nada debido a que no hubiese obtenido la concesión.
El litigante ha estado recabando pruebas de las irregularidades registradas durante la licitación de esta obra, las cuales forman parte de una investigación por parte del actual gobierno federal. Díez Gargari asegura contar con suficientes pruebas para que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda un proceso penal en contra de Ruiz Esparza.
En la convocatoia para la licitación de la obra se establecía esta sería construida sobre el derecho de vía de la autopista México-Querétaro. Al ser una vía de uso público y federal, no está sujeta a la posesión definitiva o provisional por parte de terceros, como es el caso de Aleática.
El Viaducto Bicentenario, en EdoMex, es una vía de comunicación federal que OHL ha explotado por años sin una concesión del Gobierno federal. La empresa ha cobrado cuotas de peaje de manera ilegal con el “conocimiento pleno” de Peña Nieto y Ruiz Esparza https://t.co/fmlc31LwoI pic.twitter.com/6cbBae1bIQ
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) March 11, 2020
Sin embargo, en el Título de Concesión del proyecto se estableció –de manera falsa- que dicha vía era de uso federal, por lo que no requería solicitar una concesión federal para ser operada. Sin embargo, tanto la empresa como el gobierno mexiquense decidieron obviar esto, con lo que incurrieron en un delito federal.
El artículo 150 de la Ley de Bienes de la Nación establece que la explotación de bienes propiedad de la Nación sin contar con permisos o concesiones para hacerlo es una infracción, la cual acarrea una pena de 2 a 12 años de prisión y una multa de entre 300 y mil veces el salario mínimo vigente.
La ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federaales sí contempla la concesión de vías federales para explotación por parte de terceros. Sin embargo, para que esto suceda, los gobiernos estatales deben solicitar aprobación por parte de la SCT, además de realizar un concurso público para otorgar los derechos de la obra. Al no haber solicitado la concesión federal, Aleática no hubiera sido elegida para obtener la licitación.
Finalmente, Díez Gargari señala que el concurso fue amañado por Ruiz Esparza para decantarse en favor de Aleática. La firma de origen español compitió contra Carlos Slim; pero, al igualar en las primeras evaluaciones, el secretario de Comunicaciones y Transportes se decidió en favor de la primera por motivos meramente estéticos.
Con información de Sin Embargo.
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