Una trabajadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunció que la administración de Norma Lucía Piña Hernández le abrió un procedimiento administrativa a causa de un problema ya resuelto que tuvo con su declaración patrimonial hace tres años.
Gabriela Díaz Salinas, quien ingresó al máximo tribunal de justicia del país como jefa de departamento en la Dirección de Vinculación con Organismos Nacionales en febrero de 2021, durante la gestión de Arturo Zaldívar, relató lo ocurrido en días pasados a través de su cuenta de X.
En la publicación, la funcionaria relata que, cuando empezó a trabajar en la Corte, tuvo un retraso de apenas quince días en la entrega de su declaración inicial patrimonial, debido a que en aquel momento era la principal cuidadora de su madre, quien sufría de cáncer; además del caos provocado por la pandemia de COVID-19.
Pese al tiempo transcurrido, y a que ya subsanó el retraso, la SCJN se tomó la molestia de notificarla sobre la investigación en su contra enviando a una persona directamente a la ciudad de Monterrey, con todos los gastos -boletos de avión, viáticos- que ello implica.
Finalmente, acusó la hipocresía del Poder Judicial, pues por un lado reafirman las labores de cuidado y por el otro sancionan a sus empleados en dicha situación, y denunció que las acciones en su contra forman parte de la venganza política emprendida por la Corte en contra de Zaldívar.
Hace unos días, la SCJN anunció una investigación en contra del ministro en retiro y su círculo más cercano por presuntos actos de corrupción que atentaron contra la independencia judicial, que el jurista calificó como una ‘cacería de brujas’ con la intención de incidir en el proceso electoral.
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