El gobierno del panista Mauricio Vila enfrenta un nuevo escándalo de represión luego de que las autoridades estatales ‘levantaron’ ilegalmente a dos manifestantes en favor de una comunidad de Yucatán afectada por un complejo porcícola.
Este lunes, unas mil personas marcharon por las calles de Mérida como muestra de apoyo a Sitilpech, una localidad en el municipio de Izamal afectada por la empresa Kekén, la cual instaló una ‘megagranja’ para la cría y procesamiento de cerdos que afecta la calidad del agua de la zona y, por lo tanto, las actividades agrícolas de la población.
La manifestación transcurrió en completa calma hasta que un grupo de individuos descendió de dos vehículos -una camioneta SUV blanca y un automóvil gris- y comenzó a agredir a quienes protestaban en favor de los habitantes de Sitilpech.
A través de las redes sociales circularon numerosos videos en los que estos individuos golpean brutalmente a dos jóvenes que participaban en la marcha, un hombre y una mujer, a quienes posteriormente subieron a los vehículos ya mencionados. Una vez que lograron someter a esta última, uno de los agresores comenzó a asfixiarla.
La difusión de las imágenes provocó una oleada de protestas en las redes sociales, reprochando a Vila por ‘levantar’ a manifestantes y exigiendo inmediatamente conocer el paradero de ambos jóvenes, identificados posteriormente como Sofía Caballero y Sebastián Navarrete.
No fue sino hasta horas más tarde que la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que Sofía y Sebastián sí estaban entre las cuatro personas detenidas tras la marcha. Los ‘civiles’ que agredieron y privaron de su libertad a ambos jóvenes no mostraron identificaciones, por lo que las redes denuncian que fue una detención ilegal.
Represión contra pobladores de Sitilpech
Este no es el primer acto de represión del gobierno de Yucatán contra los defensores de Sitilpech. La propia FGE inició un proceso legal contra ocho ciudadanos por ‘daños a las vías de comunicación’ durante el bloqueo de una carretera para protestar contra Kekén en febrero pasado.
Dos cosas destacan en este caso: la primera es que la empresa nunca presentó una denuncia formal, sino que fue iniciativa de la propia Fiscalía. La segunda es que, pese a que participó toda la comunidad, únicamente buscan a los ocho habitantes que acudieron a los medios para visibilizar su situación.
Con información de Noticaribe y Pie de Página.
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