Durante los últimos meses, integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit (CVN) han sufrido diversos atentados y hostigamiento por su participación en las denuncias por violaciones a derechos humanos perpetradas por el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y su fiscal general, Édgar Veytia Cambero.
Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un documento en el que le exigen al gobierno estatal –actualmente bajo el mando del panista Antonio Echeverría- que se le otorgue protección a dieciséis personas vinculadas con el CNV que han sido víctimas de hostigamiento y acoso.
La ONU también exigió que las autoridades ofrezcan todas las garantías para que estas personas puedan realizar sus actividades en favor de las garantías fundamentales sin problemas y que cese la campaña de intimidación, solicitando que, si se comprueba que esta tiene su origen en la Fiscalía estatal, se traspase toda la información del caso a la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la emisión del noticiero de Elisa Alanís en Milenio de este miércoles, la periodista Laura Sánchez Ley presentó el caso de Agustín Magallanes Paz, uno de los diez integrantes de la CNV que acudieron a presentar su declaración ante las instancias federales el pasado 16 de diciembre y que fue víctima de secuestro y despojo por parte de Veytia en 2013.
Este lunes, Magallanes fue despertado a las tres de la mañana por los bomberos, quienes le notificaron que su restaurante –ubicado en la carretera entre Tepic y Puerto Vallarta- había sido incendiado. De acuerdo con ONU-DH, el afectado habría revelado que la Fiscalía estatal se está valiendo de un abogado vinculado al exgobernador para fabricar casos contra miembros de la CNV.
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Sin embargo, las acusaciones contra Édgar Veytia, quien se encuentra cumpliendo una sentencia en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, fueron negadas por su madre, Virgen Cambero, quien solicitó una entrevista en el programa Sin Censura, conducido por Vicente Serrano, para defender la ‘honorabilidad’ de su vástago.
Ahí, la mujer de 73 años asegura que su hijo se convirtió en un ‘chivo expiatorio’ de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, debido a que su informante, Daniel Silva Gárate, alias el ‘H-9’, fue abatido en un operativo no ordenado por el funcionario; y que el apodo de ‘El Diablo’ fue puesto por miembros del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y no por su régimen de terror.
La madre del exfiscal también defendió al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en Estados Unidos el 15 de octubre y dejado en libertad por las autoridades mexicanas hace unas semanas; y pidió su intervención, así como la del gobierno federal, para ‘aclarar’ las acusaciones contra su hijo y que reciba el mismo trato que el militar.
Durante su conferencia de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la denuncia de la madre de Veytia. Señaló que el caso será turnado a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y que su administración no permitirá actos de injusticia.
Sin embargo, incidentalmente dejó sin efecto la petición de la señora; ya que aclaró que el gobierno mexicano no solicitó al Departamento de Justicia que detuviera la investigación contra el general Cienfuegos, sino que fue dicha dependencia la que decidió detener el juicio y extraditarlo a México.
Con información de Milenio TV, Sin Censura y ONU-DH.
Imagen: Infobae
