Durante los últimos días, se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya capacitó y graduó a la primera generación de la ‘Policía Minera’, la cual se compone de 118 elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) encargados de resguardar las instalaciones dedicadas a la extracción de minerales.
Ante esta situación, en la que se busca proteger los intereses de los empresarios y las transnacionales –en su mayoría extranjeras-, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) emitió un comunicado reprochando al gobierno federal este tipo de acciones.
Dicha organización consideró que la creación de este cuerpo de seguridad es un insulto, tanto para el país como para las comunidades que se han visto afectadas por los efectos secundarios de las actividades mineras, debido a la contaminación de tierras y ríos provocada por las mismas.
La @SE_mx, la @SSPCMexico y la Subsecretaría de Minería anunciaron la creación de un cuerpo de seguridad para proteger operaciones mineras; pero las comunidades la rechazan Por @ChiapasParalelo https://t.co/2xccTnQzBW
— Pie de Página (@PdPagina) October 12, 2020
REMA asegura que la extracción de minerales despoja a los habitantes, deforesta los bosques, no paga impuestos, incumple los contratos firmados con las comunidades locales y está involucrada en actos de violencia, como los asesinatos de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, por lo que consideran que las compañías extranjeras son culpables de delincuencia organizada.
Un caso utilizado para ejemplificar esta situación es el ocurrido en la cuenca del Río Sonora, en donde el desecho de materiales químicos producto de la minería afectó a más de 22 mil personas de las comunidades aledañas al cauce, dejando solo enfermedades, miseria y pobreza para la población local.
Los responsables del desastre ambiental, lejos de ser sancionados, ahora recibirán seguridad privada a cargo del erario tan solo por ser una ‘actividad esencial’; por lo que las comunidades, quienes sí pagan impuestos, también deberían tener acceso a una fuerza pública de seguridad que las defienda de las compañías transnacionales.
Por todo lo señalado anteriormente, los afectados por las actividades de la industria minera rechazan la creación de dicho cuerpo de protección; así como la utilización de recursos públicos para proteger a aquellos que saquean, contaminan, desplazan, enferman y matan a las comunidades más pobres del país.
Con información de Pie de Página.
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