Calica, empresa que ha sido exhibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su negativa a dejar de contaminar los mantos freáticos, exige que se le permita reanudar sus operaciones en Quintana Roo ‘por el bienestar’ de sus colaboradores. Sin embargo, estos denuncian que esto es mentira.
Este miércoles, el mandatario anunció que si la minera –propiedad de la estadounidense Vulcan Materials- no cambia su giro y deja de extraer material pétreo de Playa del Carmen acudirá ante tribunales nacionales e internacionales para demostrar el daño ecológico provocado por sus actividades.
Estas declaraciones se dan unas horas después de la reunión que López Obrador sostuvo con directivos de Vulcan. Un día antes, la transnacional emitió un comunicado en el que informó a sus empleados que agotarán todos los recursos legales para mantener el funcionamiento de sus instalaciones.
En el documento, aseguran que todas sus actividades se realizan en cumplimiento de las leyes y permisos del país, por lo que buscan mantener la continuidad de sus fuentes de ingresos en México, afirmando que entre sus prioridades se encuentran la seguridad y el bienestar de sus colaboradores.
Durante las últimas horas, un exempleado de Calica contactó a la redacción de The México News para denunciar que la empresa realmente no está interesada en dichas ‘prioridades’. Esta persona señaló que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba desempeñando sus funciones en la planta de Playa del Carmen.
A causa de este incidente se vio forzado a someterse a una operación de la columna vertebral, la cual no tuvo los resultados esperados. Ante esta situación, la compañía decidió dejarlo ir y liquidarlo. Cuando acudió ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, esta instancia le dio la razón a Calica y aseguró que eso era todo lo que le correspondía.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su parte, no aceptó las pruebas que presentó para proceder contra la empresa y determinó que su pensión fuera solo del 57 por ciento, cuando debió haber sido completa, y tampoco impuso la multa correspondiente al empleador para que este pudiera evitar un aumento en la prima de pagos por accidentes.
La razón por la que las autoridades competentes se negaron a actuar contra la empresa es que –afirma- esta ha estado muy bien posicionada con los gobiernos estatales de Quintana Roo, otorgando recursos a cambio de no ser molestada. Señala que incluso algunos gobernadores han sido vistos al interior de las instalaciones, dando recorridos en sitios arqueológicos que se encuentran dentro de su propiedad, los cuales no han sido reportados a las instancias correspondientes.
Al igual que el mandatario, el denunciante señala que uno de los graves problemas que enfrentan los ecosistemas locales es el uso de explosivos en la extracción de materiales, ya que los químicos que estos desprenden terminan por contaminar las reservas subterráneas de agua.
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