La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046, la cual establece que las mujeres menores de edad que hayan sido víctimas de violación podrán tener acceso a la interrupción del aborto sin denuncia de por medio y sin autorización de sus padres.
El máximo tribunal del país decidió desechar los recursos de inconstitucionalidad promovidos por los gobiernos de Baja California y Aguascalientes en 2019, los cuales argumentaban que esta normativa representaría una injerencia de las autoridades federales en su competencia como estados, afectando la separación de poderes.
La votación se saldó con nueve votos a favor y solo uno en contra. En el proyecto, el ministro Luis María Aguilar rechazó la argumentación de las entidades federativas, señalando que no puede aducirse una presunta ‘invasión’ de competencias cuando lo que está en juego son los derechos humanos de las víctimas.
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El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, manifestó su apoyo al proyecto recordando que lleva más de una década abogando por la despenalización del aborto. Además, considera que obligar a niñas y mujeres a llevar a término un embarazo que fue producto de una violación es desconocer su dignidad humana y un ejemplo de violencia de género.
Añadió que en estos casos el Estado no solo no debe obstaculizar a las víctimas ni criminalizar el aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas que garanticen el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas y humanitarias.
Sin embargo, la decisión de la corte no ha sentado bien en el seno de agrupaciones que se oponen a la despenalización y legalización del aborto. El colectivo Mujeres Libres y Soberanas emitió un comunicado en el que lamentan la decisión tomada por los ministros, afirmando que esta decisión coarta la patria potestad de los padres de familia.
La organización también afirma que el ‘derecho a decidir’ en el que se basó el pleno de la SCJN –como el ministro Zaldívar- es una figura jurídica que no existe ni en la Constitución ni en ningún tratado vinculante al que el gobierno mexicano esté adherido y que solo es una excusa para violar el derecho a la vida.
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