El municipio de Progreso (Yucatán) está viviendo momentos difíciles tras las manifestaciones en contra de la reelección del presidente municipal, el panista Julián Zacarías Curi, las cuales han sido reprimidas de manera violenta por parte de las autoridades locales y estatales.
Tas darse a conocer los resultados de las elecciones del pasado domingo, en las que el sobrino del empresario pesquero Juan Zacarías Dib resultó vencedor con una cómoda ventaja, varios sectores tomaron las calles del puerto para manifestar su descontento con la extensión de mandato del funcionario blanquiazul.
Entre las medidas que se tomaron desde el pasado lunes se encontró el bloqueo del Muelle Fiscal de las instalaciones portuarias, el cual provocó daños económicos, ya que impidió la descarga y transporte de varias toneladas de mercancía; así como el desembarco de turistas que descienden de los cruceros que llegan a dicho punto.
Sin embargo, esta manifestación fue desalojada de manera violenta por la Policía Municipal, la cual fue apoyada por elementos antimotines para dispersar a la multitud que continuaba impidiendo el paso hacia las instalaciones del puerto, luego de que fracasaron las mesas de negociación entre las autoridades y los ciudadanos.
De acuerdo con el testimonio de algunos de los testigos que fueron desalojados por las fuerzas del orden, las negociaciones nunca se establecieron debido a que las autoridades exigían levantar el bloqueo del Muelle Fiscal como condición para el diálogo, mientras que los manifestantes exigían las mesas de negociación como condición para retirar el bloqueo.
Entre los abusos denunciados por quienes fueron víctimas de la brutalidad policial –cuyos testimonios fueron compartidos a través de las redes sociales- se encuentran que los antimotines no solo agredieron a mujeres y personas mayores, sino que también habrían separado y golpeado a los menores de edad que se encontraban presentes.
Desde unas horas antes de que se dieran los actos represivos, usuarios de redes compartieron videos en los que se observan a un gran número de patrullas y camionetas de la Policía circulando por la entrada de Progreso, por lo que ya se intuía que las cosas podrían finalizar de manera violenta.
Entre los motivos por los cuales un gran número de progreseños salieron para protestar contra la reelección del alcalde se encuentra un presunto fraude electoral, el cual habría sido avalado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado (IEPAC) encabezado por Olga Rosas Moya.
El argumento para denunciar este presunto fraude es que, durante las últimas dos horas de la jornada electoral, las urnas habrían sido ‘embarazadas’ con miles de votos a favor de Zacarías, provocando que, mientras que las tendencias de los otros candidatos se mantuvieron estables, la del panista se disparara sin razón aparente en los conteos.
Otro motivo de la inconformidad popular en contra de Zacarías es su intención de convertir al municipio en un gran centro turístico, cuando en realidad se trata de una localidad pesquera, afectando las actividades económicas que han permitido la subsistencia de las familias progreseñas por generaciones, a las cuales ya les prohibieron pescar a menos de 300 metros del puerto porque ‘afean’ el paisaje.
Durante su primera gestión como presidente municipal, Julián Zacarías fue señalado por intentar hacerse de manera ilegal –recurriendo a la falsificación de escrituras- de diversos predios, tanto en la ciudad como en las comisarías aledañas, con el objetivo de convertirlas en giros comerciales, incluso cuando algunas de ellas son propiedad ejidal.
En una de aquellas ocasiones, dos mujeres mayores fueron golpeadas por elementos de la Policía Municipal, tras denunciar que un grupo de trabajadores se escabulló de manera ilegal a uno de estos predios para comenzar a construir de manera ilícita, por lo que no es la primera vez en la que el panista recurre a la violencia para acallar las críticas.
Algunos manifestantes consideran que el gobierno estatal también es responsable de la represión vivida este martes, pues el primo del edil, David Zacarías –hijo de Juan Zacarías Dib- está casado con Jessica Saidén, hija del actual titular de Seguridad Pública de la Entidad, Luis Felipe Saidén Ojeda, quien ocupa el cargo desde 2007.
Su tío, Juan Zacarías, es dueño de Pescamex, una de las empresas del ramo más importantes de Yucatán. Se cree –dado que nunca se revelaron nombres- que dicha compañía fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda debido a su probable participación en tráfico de drogas y de especies protegidas.
Con información de La Voz de la Península, Turix Informa y El Sol de Yucatán.
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