En un caso que involucra el establecimiento de redes entre el poder político y el empresarial, habitantes del municipio de Progreso, Yucatán, denuncian que el alcalde Julián Zacarías Curi (PAN) está intentando apropiarse ilegalmente de un espacio deportivo perteneciente a una de las comisarías locales.
Los integrantes del Comité Deportivo de Chicxulub Puerto acudieron a las oficinas del gobernador Mauricio Vila Dosal para entregar los documentos que demuestran que el edil quiere apropiarse del campo deportivo, el cual fue una donación de los habitantes del lugar a la comisaría, bajo el argumento de que existe un proyecto multimillonario para dicho inmueble.
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Los pobladores denuncian que, entre las anomalías cometidas por Zacarías, se encuentra la inversión realizada en dicho espacio. A pesar de que el gobierno municipal asegura que las obras de mantenimiento representaron una inversión de 1.6 millones de pesos, la evidencia sugiere que apenas gastaron un aproximado de 100 mil pesos.
Además, revelaron que se reunieron con el presidente municipal cuando accedió al cargo –en 2018- y este les mostró un presunto proyecto de 60 millones de pesos para dicho espacio, el cual estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Sin embargo, cuando acudieron a dicha instancia a solicitar información sobre dichas obras, los funcionarios respondieron que no tenían conocimiento de ningún proyecto relacionado con el campo deportivo; el cual habría sido anunciado públicamente por un periodista afín a Zacarías.
También descubrieron que el alcalde duplicó las escrituras en el archivo catastral para poder incorporar el predio al patrimonio del gobierno municipal. El director de dicha oficina, al ser cuestionado por el comisario de Chicxulub Puerto, responde que la intención del edil es expropiar el terreno para construir un centro de salud prometido al gobernador.
Posteriormente, la localidad exige al alcalde que se cancele la sesión de cabildo en la que se apropió del terreno y se reúna con ellos, a lo que accedió el pasado jueves 20 de agosto. Ahí entregó un documento en el que confirma que en dicha sesión también se canceló otra adjudicación, en la comunidad de Paraíso, por lo que no se trata de un caso aislado, sino de un modus operandi.
Además, el director de Obra Pública del Ayuntamiento entregó la relación de gastos de la remodelación anterior, en la que se constató que la inversión no fue de 1.6 millones, sino de 975 mil pesos y que los precios de algunos de los servicios –como la pintura de las bardas- fueron inflados.
Ante los cuestionamientos recibidos por parte de los pobladores, Zacarías Curi se limitó a decir que gracias a su actuación, Chibxulub Puerto perdió una obra financiada con fondos federales de 60 millones de pesos –cuya existencia fue desconocida por Sedatu- y se retiró sin dar la cara.
La activista Dariana Quintal Narváez –quien también ha cubierto el caso de los niños sustraídos ilegalmente por la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa)- ha comenzado a sufrir una campaña de desprestigio por haber buscado asesoría para los habitantes de Chicxulub.
Tras haber contactado a un diputado federal por Yucatán para que buscara la aprobación de financiamiento para regular más de mil terrenos en el municipio, comenzó a circular un rumor de que ella estaba cobrando 500 pesos a los habitantes para emprender el trámite sin cumplir con su palabra.
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Este tipo de denuncias podría representar un riesgo para Quintal, debido a las relaciones que existen entre la familia Zacarías y los funcionarios de seguridad del estado. Resulta que Julián Zacarías es sobrino del empresario Juan Zacarías Dib, dueño de la empresa pesquera Pescamex.
A su vez, este empleado está relacionado con Luis Felipe Saidén Ojeda, quien se ha desempeñado como secretario de Seguridad Pública estatal desde 2007, sirviendo en tres administraciones diferentes, debido a que su hijo, David Zacarías, está casado con la hija del funcionario, Jessica Saidén.
A pesar de que en aquel momento no se revelaron nombres, se sospecha que Pescamex es la empresa mencionada por el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, el pasado 4 de marzo. De acuerdo con lo revelado por el funcionario, estaban investigando a una compañía de Progreso.
Nieto reveló que esta empresa habría montado un red de empresas fantasma y facturas falsas; además de estar involucrada en el tráfico de especies exóticas –tiburones y pepinos de mar- y que estas últimas podrían servir como fachada para apoyar operaciones de tráfico de drogas. Finalmente mencionó que también habría familiares involucrados.
Con información de Progreso Hoy.
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