Entre los cambios que se han llevado a cabo durante los últimos meses al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra el ‘enroque’ entre el director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio, y la subsecretaria de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury.
El pasado 22 de junio, fue el propio mandatario quien dio a conocer que ambos funcionarios intercambiarían sus puestos, haciendo que la abogada pasara a administrar la institución que antes se conocía como Bansefi; mientras que el exsenador morelense llegó para ponerse bajo las órdenes de Olga Sánchez Cordero.
Esto, por supuesto, provocó cambios en la forma en la que ambas instituciones habían estado operando hasta el momento. Además, el hecho de que dicho movimiento se diera en plena contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 provocó incertidumbre en los trabajadores.
Esta semana, llegó a la redacción de The México News una denuncia por parte de una exempleada de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Segob, quien asegura que –junto con otras personas- fue víctima de los cambios al interior del gabinete y fue obligada a firmar su renuncia en plena contingencia sanitaria.
La denunciante se identificó como Reyna Moguel Viveros, doctora en Antropología Social, ganadora de la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM a los graduados más distinguidos de sus programas de posgrado y autora publicada; especialista en las comunidades de las regiones Lacandona (Chiapas) y de Los Chimalapas (Oaxaca).
Precisamente, su conocimiento de la región fue lo que hizo que Segob la contactara en noviembre del año pasado para mediar en los conflictos entre los habitantes locales; motivo por el cual se mudó trasladó desde Morelia, su lugar de residencia. Sin embargo, desde el comienzo de su asignación las condiciones fueron bastante desfavorables.
Durante sus primeros meses en la región, tuvo que trabajar en un pasillo, sin computadora ni internet y el clima provocó que fuera ingresada al ISSSTE, en donde se le diagnosticó influenza. En enero de este año por fin recibió el equipo para comenzar a trabajar; sin embargo, nadie en la subsecretaría revisó sus presentaciones sobre los grupos étnicos de la región.
En marzo, después del inicio de la contingencia, fueron enviados a sus hogares. La doctora Moguel relata que, en aquel momento, solo recibía su sueldo, pero no había indicaciones por parte de Segob. Finalmente, a finales de julio –unas semanas después del cambio de administración- le fue solicitada su renuncia, la cual rechazó.
Finalmente, se puso en contacto con el secretario particular de Salazar Solorio, quien simplemente le dijo que si no entregaba su renuncia sería acusada de no cumplir con sus labores y obligada a regresar su sueldo. Además, asegura que no ha sido contactada para recibir la Pensión para Adultos Mayores (tiene 72 años), por lo que se quedó sin ingresos.
Cruelmente, la prueba de la valía de Moguel Viveros llegó unos días después de que fuera obligada a renunciar. El 3 de agosto, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) envió un oficio a la Segob –mostrado arriba y único documento que nos adjuntó- para solicitar una colaboración con la académica, resaltando que es una de las mayores conocedoras de la región.
Por todo esto, solicitó que le fuera otorgada una plataforma para hacer pública su denuncia y ver si esta puede llegar, de alguna forma, hasta oídos del presidente López Obrador.
Imagen: Zona Roja
