Este miércoles trascendió que un juez de control del estado de Puebla emitió una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por su participación en el desfalco en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, propietaria de la institución.
El excanciller y su círculo más cercano –Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo Pérez, Jesús Salvador Mijangos, Virgilio Rincón y Alejandro González Muñoz- son acusados de haber creado una serie de empresas que recibirían pagos de la propia universidad, incluyendo una presunto instituto de posgrados (UDLAP Jenkins Graduate School).
El daño patrimonial que esta serie de movimientos habría causado a la UDLAP se estima en 100 millones de pesos y se enmarca en el contexto del conflicto que enfrenta a Guillermo Jenkins de Landa con el Patronato de la institución, encabezado por su madre y hermanos, a quienes se acusa de haber saqueado los 720 millones de dólares de la fundación.
Tras publicarse la noticia, nuestra directora editorial, Meme Yamel, sostuvo una entrevista con Carlos Serna, abogado del demandante, quien no solo explicó de manera sencilla en qué consisten los cargos en contra de Derbez y sus colaboradores, sino que reveló hasta qué grado llegó la impunidad en el desfalco de la Fundación Jenkins.
De acuerdo con el abogado, todas las autoridades, tanto locales como federales que ejercieron en el sexenio de Rafael Moreno Valle como gobiernador, estaban enteradas del desfalco que estaba siendo operado al interior de la UDLAP, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Economía, Luis Videgaray y el excandidato presidencial José Antonio Meade.
La diferencia entre lo que sucedía entonces y lo que está aconteciendo ahora mismo –declaró- es que las administraciones actuales –tanto federal como estatal- tienen la voluntad de hacer bien las cosas, por lo que el proceso encabezado por Guillermo Jenkins finalmente está avanzando.
Sobre hasta dónde llegaría la implicación de Luis Ernesto Derbez en este escándalo, Serna y su cliente creen que desde el principio, pues considera que los cuatro hermanos Jenkins de Landa que forman parte del patronato, no tienen la capacidad para entender la forma en la que opera la universidad, por lo que no pudo ser idea de ellos.
Según reportes en medios de comunicación, la UDLAP habría pagado hasta 6 millones de pesos a una empresa en la que el economista era socio, con el fin de que se le hiciera un estudio sobre la factibilidad de mover el sistema de pensiones de la institución, de acuerdo con el último fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el jurista, el propio Derbez habría admitido ser socio de Rincón –abogado de la fundación- en una empresa que, durante un tiempo, cobraba las rentas de todos los edificios que son propiedad de la UDLAP, antes de que pudieran constituir una compañía inmobiliaria para este fin.
En el mismo tenor, rechazó las declaraciones del vocero de la Fundación Jenkins, quien asegura que, para conocer el patrimonio de esta solo hay que ver los edificios; señalando que lo que hay que hacer es acudir al Registro Público de la Propiedad, que muestra que los verdaderos dueños son las empresas panameñas constituidas por sus abogados para desviar el patrimonio.
Sobre la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga en el caso, Serna aclaró que, a diferencia de lo que afirman los voceros de la familia Jenkins, dicha oficina no participaría como ‘árbitro’; sin embargo, si tiene las facultades para investigar las irregularidades, tanto en el saqueo del patrimonio como en la constitución de empresas fantasma para este fin.
La explicación ofrecida por Carlos Serna contrasta con la versión que un sector de la derecha ha estado promoviendo, en la que se asegura que Luis Ernesto Derbez es ‘víctima’ de persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de Al Chile.
Imagen: UDLAP
